Señales equívocas

"La historia de la lucha contra el terrorismo está llena de señales equívocas, interpretadas a veces de forma positiva por Gobiernos que se han equivocado". Estas palabras del actual ministro del Interior durante una entrevista con EL PAÍS en febrero de 2006 obligan a mostrar una mayor comprensión hacia la desconfianza del Partido Popular en torno al diálogo con ETA. Fue también Rubalcaba quien admitió en mayo de 2006, sólo unos días antes de que Zapatero hiciera público que en junio anunciaría la apertura del diálogo con la organización terrorista, que "el gobierno sigue sin la convicción de que ETA quiere poner fin a la violencia". Finalmente, el presidente ha anunciado dicho diálogo a pesar de que ETA continúa sin demostrar "una clara voluntad para poner fin" a la violencia y "actitudes inequívocas que puedan conducir a esa convicción", requisitos que la resolución aprobada por el Congreso en 2005 exigía para comenzar los contactos. El PP reclama ahora el cumplimiento de esas condiciones que Zapatero ha ignorado, pues es evidente que ETA sigue sin mostrar "actitudes inequívocas" de "una clara voluntad para poner fin a la violencia".

ETA sigue sin dar muestras inequívocas de una clara voluntad de poner fin a la violencia

Tienden a eludir este hecho objetivo quienes asumen que ETA ha interiorizado ya la necesidad de desaparecer de la escena política, creencia que suele apoyarse en la declaración de alto el fuego, los tres años sin víctimas mortales y una supuesta separación de intereses entre Batasuna y ETA. Estos tres factores son manipulados para defender una "nueva realidad social" que hasta debería condicionar el comportamiento judicial. Intenta conformarse así una realidad basada en percepciones o intereses políticos pero en absoluto en hechos objetivos que demuestren unas intenciones pacíficas claras e irreversibles por parte de la organización terrorista. Por un lado, tres son los años sin muertos, pero no por voluntad de ETA, pues las detenciones de activistas y la incautación de documentación han confirmado sus intenciones de asesinar en ese periodo que se vieron frustradas por los éxitos policiales. Asimismo, ficticia es esa separación de intereses entre Batasuna y ETA, organizaciones todavía inextricablemente unidas, siendo por ello contraproducente asumir de forma errónea que la prematura legalización de la primera pueda garantizar la desaparición de la segunda, ya que desincentivaría al brazo político para exigir la disolución de la banda. Al mismo tiempo, los pronunciamientos de los terroristas corroboran la ausencia de "actitudes inequívocas" de la hipotética voluntad de ETA para poner fin a la violencia. Incluso si se aceptara que dichas manifestaciones representan gestos de consumo interno, es innegable que ninguna confianza aportan sobre las intenciones de una banda que sigue extorsionando pese a su declaración de tregua, realidad ésta que no conviene minimizar.

Por tanto, hoy podría afirmarse lo mismo que dos días después de la declaración del alto el fuego se aseguraba en un editorial de EL PAÍS de significativo título, Verificación con calma: "Una segunda verificación tiene que ver con su carácter irreversible: sin esa garantía no es posible el diálogo con ETA. En sus dos comunicados, ETA mantiene la ambigüedad sobre si su renuncia a las armas es definitiva o condicionada a determinados resultados políticos". Es indiscutible que el carácter irreversible de la tregua no ha sido confirmado, por lo que nos hayamos ante un escenario en el cual el Gobierno ha modificado sus exigencias previas. La política antiterrorista la dirige el gobierno de la nación, pero poco razonable resulta esperar que la oposición acepte importantes alteraciones de aquella si éstas no van precedidas de razonadas explicaciones que han estado ausentes en momentos clave. Así ha ocurrido al variar el Gobierno las condiciones previamente exigidas para iniciar el diálogo con ETA o cuando se prefirió informar a Batasuna de las intenciones del PSE de dialogar con la formación ilegalizada mientras el líder de la oposición recibía la noticia por los medios de comunicación. Debe enfatizarse que las amenazas de dirigentes de Batasuna precedieron al cambio de actitud gubernamental suscitando lógicos interrogantes sobre los motivos por los cuales el Gobierno estimó oportuno dar credibilidad a la coacción del entorno terrorista.

El disenso entre Gobierno y oposición se refuerza constantemente porque la creencia del primero en las posibilidades del final del terrorismo no va acompañada de actos que la acrediten suficientemente, ignorándose que es ETA la que debe generar dicha confianza en una sociedad que con toda lógica desconfía de una organización terrorista responsable del asesinato de centenares de personas.

Resulta poco convincente valorar como positivos comportamientos de Batasuna que en absoluto evidencian el ineludible distanciamiento de la violencia y de ETA requeridos para su normal participación en política. Así ha ocurrido desde la declaración de Anoeta, insistiéndose sin pruebas en una hipotética metamorfosis de Batasuna como antesala para su legalización.

Aunque se insiste en que el diálogo con ETA sólo versará sobre la disolución de la banda, el precedente del cambio de criterio adoptado por el Gobierno anunciando contactos sin respetar las condiciones previamente impuestas, alerta sobre futuras variaciones. Probablemente Batasuna continuará emitiendo señales equívocas que los partidarios del actual proceso desearán interpretar como muestras de la voluntad de ETA de poner fin a la violencia. Si dichas señales siguen sin ser verdaderas "actitudes inequívocas" que evidencien la disolución de ETA, injusto y contraproducente sería mantener el diálogo. Hacerlo supondría liberar a ETA de la presión que debe recaer sobre ella, transfiriéndose la responsabilidad por el final del terrorismo a políticos y ciudadanos, así coaccionados para aceptar condiciones nada democráticas. No puede serlo aceptar como legal a un partido unido a ETA a pesar de las declaraciones formales de los dirigentes de Batasuna respaldando procesos democráticos mientras mantiene comportamientos no democráticos al beneficiarse de su asociación con la banda. Esta dinámica contribuye a perpetuar la amenaza y la coacción de ETA, aun en situación formal de alto el fuego, garantizando el fortalecimiento de su brazo político y la legitimación de la violencia.

Rogelio Alonso es profesor de Ciencia Política, Universidad Rey Juan Carlos.