El futuro de Tablada depende de un recurso contra un implicado en la Operación Malaya

El futuro de la dehesa de Tablada, la mayor bolsa de suelo de Sevilla, se dilucida en los tribunales. La sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) tendrá la última palabra sobre las 367 hectáreas de suelo rústico e inundable por las que están litigando el Ayuntamiento de Sevilla, gobernado por el socialista Alfredo Sánchez Monteseirín, y las empresas propietarias de los terrenos. El caso depende ya sólo del recurso planteado por el gobierno municipal contra una sentencia de un juzgado de Sevilla que dio la razón en primera instancia al propietario de Arenal 2000, el constructor cordobés Rafael Gómez, uno de los implicados en la Operación Malaya.

17 empresas han renunciado a sus litigios a la espera de que el TSJA decida

Arenal 2000 es una de las constructoras que proyectaba edificar viviendas en la dehesa

La dehesa de Tablada es una enorme bolsa de suelo situada al lado de Sevilla que fue adquirida, poco a poco, por más de veinte empresas constructoras. Las sociedades pretenden edificar hasta 15.500 viviendas en estos terrenos, un proyecto al que se oponen el Ayuntamiento hispalense y la Junta de Andalucía, que defienden la construcción de un gran parque metropolitano en la zona.

Las empresas llegaron a pagar más de 110 millones de euros por los 3,6 millones de metros cuadrados, pese a las advertencias del gobierno de Sánchez Monteseirín de que no iba a permitir la construcción de viviendas. De hecho, el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Sevilla, impulsado por la actual corporación, refuerza el objetivo municipal de impulsar un gran parque.

Para demostrar que su apuesta iba en serio, el pleno del Ayuntamiento de Sevilla aprobó en mayo de 2004 la delimitación de los terrenos de Tablada para incorporarlos al patrimonio municipal de suelo, un paso previo a la expropiación.

Posteriormente, el gobierno de Sánchez Monteseirín fijó el justiprecio de la expropiación en siete millones de euros, una cantidad muy inferior al dinero pagado por las empresas (110 millones de euros). Los constructores tenían la expectativa de que el gobierno local recalificase los terrenos para poder llevar a cabo sus proyectos de edificación. El ayuntamiento estableció el justiprecio en siete millones de euros en base a la calificación del suelo de Tablada como rústico, no urbanizable e inundable.

Las empresas propietarias de Tablada empezaron entonces una batalla judicial que está ahora cerca de concluir. Los constructores presentaron recursos en distintos juzgados de lo contencioso de Sevilla en los que se pedía la suspensión del acuerdo municipal que permitía la expropiación de los terrenos.

Dos jueces de lo contencioso rechazaron los recursos de las empresas, que reclamaron la suspensión cautelar del acuerdo municipal, aunque no entraron en el fondo del asunto, y un tercero se pronunció a favor de las empresas.

En concreto, el titular del Juzgado de lo Contencioso-administrativo 7, Luis Alfredo de Diego, dio la razón a Arenal 2000 y anuló el acuerdo municipal con el argumento de que el Ayuntamiento hispalense no había justificado suficientemente su decisión de expropiar los terrenos.

Arenal 2000 es propiedad de Rafael Gómez, el constructor cordobés detenido por su supuesta implicación en la operación contra la corrupción en el Ayuntamiento de Marbella y quien también está en el ojo del huracán por algunas operaciones urbanísticas en Córdoba.

Gómez, a través de Arenal 2000, forma parte del consorcio de más de 20 empresas que ha intentado vencer la voluntad municipal de construir sólo un parque periurbano en Tablada.

La Gerencia de Urbanismo de Sevilla recurrió la sentencia que dio la razón a Arenal 2000 ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que todavía está estudiando el caso y que será el que, en última instancia, decida qué va a pasar con los terrenos de Tablada. En su recurso, la Gerencia de Urbanismo insistió en el argumento de que el futuro PGOU de la ciudad contempla la construcción de un gran parque en Tablada.

¿Y por qué el TSJA va a tener la última palabra sobre Tablada? Las fuentes municipales consultadas han explicado que las otras empresas que emprendieron acciones legales contra el Ayuntamiento se han desistido en los litigios que estaban abiertos y están esperando al resultado del recurso del Ayuntamiento contra la sentencia que dio la razón a la empresa de Rafael Gómez.

Según estas fuentes, en los últimos meses, las demás empresas han presentado escritos en los juzgados de lo contencioso número 2 y número 6 en los que renuncian a seguir litigando con el argumento de que el asunto estaba siendo estudiado por el TSJA. Estos dos juzgados habían rechazado la petición de las empresas de suspender cautelarmente el acuerdo municipal de delimitación de los terrenos, un indicio que apuntaba a que estos jueces podían dar la razón al Ayuntamiento en su conflicto con las empresas.

En concreto, según estas fuentes, el Juzgado de lo Contencioso 2 de Sevilla recibió la renuncia de tres empresas a seguir con el caso el pasado siete de abril. Por su parte, el Juzgado de lo Contencioso 6 recibió la renuncia de otras 13 empresas también el 7 de abril, mientras que otra sociedad comunicó su renuncia el pasado 2 de junio.