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EL AUTO JUDICIAL SOBRE LA SUPUESTA COLABORACIÓN DE GORKA AGUIRRE CON ETA | El proceso de diálogo para el fin del terrorismo

Marlaska acusó a un dirigente del PNV de avisar a ETA de seguimientos policiales

El juez reclamó fotos de un centenar de policías para investigar supuestas filtraciones

El juez Fernando Grande-Marlaska atribuyó al dirigente del PNV Gorka Aguirre el haber informado al responsable de la red de extorsión de ETA, Joseba Elosua, de "la titularidad oficial de los distintos vehículos que le seguían", según figura en el auto dictado por el magistrado en Bilbao el pasado día 28 y al que ha tenido acceso este periódico. Marlaska precisa que aunque Aguirre lo negó, tanto Elosua como su hijo -este último declaró en calidad de testigo- reconocieron que "los datos de los coches policiales sobre los que tenían sospechas se los facilitaba Gorka".

El auto dictado por el juez Grande-Marlaska detalla las conductas por las que considera que Aguirre, actual responsable de relaciones exteriores del Euskadi Buru Batzar (EBB), órgano de dirección del PNV, ha podido cometer un delito de colaboración con organización terrorista.

Así, precisa que Aguirre "ha desarrollado funciones de intermediación entre la organización terrorista ETA, en concreto su aparato de extorsión (GEZI) y empresarios, bien afiliados al PNV, bien relacionados de una u otra manera con el citado partido político". El auto agrega que en ese sentido, el dirigente nacionalista "contactaba con el conjunto de miembros de la red de extorsión, más asiduamente con Joseba Elosua Urbieta de quien recibía tanto los listados de empresarios extorsionados, como incluso las cartas de extorsión, negociando posteriormente, llegando incluso a entregar dinero con destino final a las arcas de la banda armada". "Asimismo", puntualiza el juez, "consecuencia de su propia actividad dentro de esta red de colaboración, y dada su situación personal, no puede desconocerse cómo [Aguirre] informaba a Joseba Elosua de la titularidad oficial de distintos vehículos que le seguían".

En los razonamientos jurídicos, Grande-Marlaska abunda en que "no puede obviarse como elemento concreto de participación criminal de los anteriores, la filtración de hechos relevantes en la investigación que se dio a conocer a Joseba Elosua el pasado 4 de Mayo de 2006, frustrando una operación judicial que estaba proyectada, y que queda corroborada por lo expuesto por el anterior a su yerno Carmelo Luquín Vergara, mientras viajaban en el Ford Focus de Joseba y sometido a observación de audio judicial". El trayecto tenía como objetivo "comentar a Cau Aldanur dicha filtración y la posibilidad de que se le detuviera cuando pasara a España a recoger el dinero previamente citado".

Aguirre negó ante Grande-Marlaska que hubiera informado a Elosua de los vehículos policiales que le seguían, pero el propio Elosua y su hijo reconocieron ante el juez que los datos sobre los vehículos se los había proporcionado Gorka Aguirre.

El magistrado razona que "caso de no participar en la forma reseñada, mal puede colegirse que una persona en su situación profesional, participara en tal sentido". Marlaska señala que "no puede obviarse el conjunto plural de observaciones telefónicas que [Aguirre] mantuvo con Joseba Elosua, y que mal se pueden corresponder con los fines por él expuestos, así como la terminología utilizada, un lenguaje críptico que otros imputados, caso de Carmelo Luquín, han confirmado que correspondían al denominado impuesto revolucionario".

Para el juez Marlaska "no entra dentro de la lógica que para hablar de términos referentes al análisis de la situación política, si así fuera, se empleara un lenguaje como el aludido". Por ello, puntualiza que Aguirre, "al inicio de su declaración, y dentro de las preguntas generales niega cualquier comunicación amplia y por teléfono con Joseba y menos aún el empleo de un lenguaje poco claro, matizándolo seguidamente ante la concreción de las preguntas". Pero el juez destaca que las conversaciones de Aguirre con Elosua "son seguidas de otras relacionadas entre el último y otros miembros de la red, principalmente Cau Aldanur, en cuyo poder se aprehendió un recibo de pago librado por la banda armada".

Marlaska explica también que en una conversación mantenida entre Elosua y Nicolás Aguirre de 23 de junio de 2005 se habla de un atentado en la empresa Construcciones Intxausti de Gernika, "deduciéndose como la gestión del impuesto en esta persona, y por ser militante del PNV, corresponde a Gorka". Esto último, según el juez, "se corresponde con documentación intervenida a ETA, en donde dentro de sus archivos, se distingue a los objetivos de extorsión por distintas modalidades, una de ellas la de la adscripción política".

El auto menciona a Aguirre como uno de los "intermediarios de la red de extorsión ubicados en España y encargados de ponerse en relación con el extorsionado; activar procesos de negociación; articular plazos y vías seguras de pago; entregar recibos; poner en circulación cartas de extorsión, recibiendo en ocasiones el dinero".

Fotos de policías

Por otro lado, el juez Marlaska reclamó las fotografías de un centenar de policías que trabajan en labores antiterroristas en el País Vasco para investigar las filtraciones. La pretensión es que Elosua reconozca a la persona -supuestamente integrante de los cuerpos de seguridad del Estado- que a la salida de su domicilio le pasó un teléfono móvil a través del cual le informó sobre los datos relevantes de la operación que estaba a punto de desarrollarse contra la red de extorsión de ETA.

En el sumario se encuentra recogida la grabación de una conversación entre Elosua y su yerno Carmelo Luquín, revelada ayer por el diario El Mundo, en la que el primero le refiere que "un madero y su compañero" les habían dado el chivatazo de que iban a ser detenidos cuando pasaran a Francia con el dinero del impuesto revolucionario que habían recaudado de dos empresarios navarros. Para evitar la actuación policial los agentes aconsejaron a Elosua que cuando pasara a Francia llevase vino de verdad, ya que el propio Elosua para referirse a pagos del impuesto utilizaba como camuflaje que se trataba de partidas de vino. Fuentes de la investigación dudan de que la filtración parta de los policías, pues sabrían que la operación estaba en marcha desde hace tiempo y suficientemente controlada.

Dos criterios para las reuniones de Batasuna

El juez Baltasar Garzón ha dado la vuelta a la argumentación que, durante meses, mantuvo el juez Fernando Grande-Marlaska para prohibir actos en los que participaban dirigentes de Batasuna. Esos actos, según Marlaska, se podían convertir en altavoces del frente político-institucional de ETA. Garzón, siguiendo el criterio del fiscal Javier Zaragoza, considera que esos actos -al menos la reunión entre el PSE y Batasuna sobre la que se pronunció- no se pueden suspender con carácter previo: "La responsabilidad política discurre por fuera de los márgenes de la acción judicial, que debe contraerse a la persecución, averiguación y sanción de los delitos cometidos, y a la evitación de la comisión de los mismos; o haciendo prospecciones sobre lo que pueda suceder, o no suceder. Ese ejercicio posibilista desnaturaliza cualquier acción del juez como parte integrante del Poder Judicial y quebrantaría el equilibrio y respeto que debe existir entre los diferentes poderes del Estado Democrático".

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 7 de julio de 2006

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