El Ayuntamiento se asesora a sí mismo

El Ayuntamiento de Madrid se asesora a sí mismo en asuntos de patrimonio. Y, con su propia asesoría, resuelve todos los casos litigiosos concernientes a edificios protegidos, otorga licencias, cambia usos y autoriza actuaciones. De la sociedad civil, no admite más voz que una: la de un representante del Colegio de Arquitectos, al que, sin embargo, no da derecho a voto.

El principal organismo asesor del Consistorio para asuntos patrimoniales se llama Comisión Institucional para la Protección del Patrimonio Histórico, Artístico y Natural. Sus competencias sólo constan en el Plan General de Ordenación Urbana de 1997. "Es un organismo virtual", ironizan algunos arquitectos consultados.

Muchas inmobiliarias ignoran que respetar el suelo protegido revaloriza su actuación

El alcalde prepara con sigilo un decreto reglamentario de inminente edición

La comisión está presidida por la letrada Beatriz Lobón, Coordinadora General de Urbanismo. El grueso de los integrantes está compuesto por media docena de funcionarios municipales y el único representante de la sociedad civil es un arquitecto que asiste cada viernes a las maratonianas reuniones. El Ayuntamiento ni siquiera le envía con antelación los expedientes que habrá de revisar.

"Todo se hace sobre la marcha", comenta Consuelo Martorell, presidenta de la Comisión de Patrimonio del Colegio de Arquitectos, que califica de "infernal" la dinámica de trabajo de la comisión. "A veces, son más de veinte expedientes de los que hay que informar para emitir dictamen en apenas unas horas, tras una breve exposición relatada por un ponente, técnico municipal. Es muy difícil así, de un plumazo, estudiar en profundidad los expedientes a evaluar", añade Martorell.

Los martes, otro organismo, denominado Comisión Conjunta, muestra una variedad: a la representación de cinco funcionarios municipales se suma otra representación de tres funcionarios de la Comunidad de Madrid -un arqueólogo y una persona de la Consejería de Urbanismo, más del director general de Patrimonio de la Consejería de Cultura, que la preside-. El Colegio es allí, asimismo, invitado casi de piedra. La agenda es restringida; se ciñe a los edificios protegidos y a sus entornos en el ámbito regional, pero la representación social, sin voto, es la misma.

"Será siempre preceptivo el dictamen de la comisión previo a la aprobación o autorización de licencias de obras o actuaciones análogas, referidas a todos los bienes protegidos: espacios naturales, edificios y conjuntos homogéneos, colonias históricas, cascos periféricos [se refiere a los de los municipios que hace cuarenta años se integraron a Madrid], parques y jardines, arbolados singulares, cementerios históricos y espacios urbanos catalogados, salvo que reglamentariamente se exceptúe de este trámite algunas de ellas".

Así reza la norma recogida en el Plan General de Ordenación Urbana de 1997. Por cierto, respecto de la M-30, la comisión no ha tratado asunto alguno.

"Tantas y tan importantes competencias se acometen con una escasez en la representación ciudadana que proyecta una imagen de subdesarrollo de la sociedad civil madrileña ante las instituciones municipales", admite Bernardo Ynzenga, vicedecano del Colegio de Arquitectos. Ynzenga subraya además otro problema de gran calado: "Los instrumentos de actuación y planificación que el aparato inmobiliario ha creado en Madrid funcionan muy bien a la hora de encarar obra nueva, la que hace ciudad desde el solar mismo: los mecanismos jurídicos, de promoción, actúan como relojes", agrega. "Sin embargo, desde buena parte del mundo inmobiliario apenas se tiene sensibilidad y conciencia de que la puesta en valor de los espacios urbanos consolidados, protegidos, no pasa por arramblar con todo, como suele hacerse en escenarios de obra nueva en los que no hay impedimentos", dice el vicedecano

"Es preciso que sepan que cuanto mejor se proteja el patrimonio histórico, artístico y natural madrileño, más valiosa resultará luego la actuación inmobiliaria", añade.

El alcalde de Madrid. Alberto Ruiz Gallardón, prepara un decreto para regir, mediante un reglamento específico, la futura actuación de esta comisión. De su contenido, la Coordinadora General de Urbanismo, Beatriz Lobón, guarda un estricto silencio y se limita a esperar a que el misterioso decreto salga a la luz. A ella se atribuye un primer borrador de reglamento. No se sabe si será tenido en cuenta. Una denominada Comisión de Estética Urbana, de composición más plural - con representación de Artistas Plásticos- apenas se reúne una o dos veces al año.