Peces-Barba denuncia "engaños y falsedades" que obstaculizan el proceso de paz
Gregorio Peces-Barba, alto comisionado de apoyo a las víctimas del terrorismo, calificó ayer de "esperpéntico" el hecho de que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se haya visto obligado el pasado lunes a desmentir, desde India, que vaya a haber contrapartidas políticas en las conversaciones con ETA y denunció "engaños, falsedades y muchos obstáculos para que el proceso de paz fracase". Lo hizo durante su intervención en el seminario Políticas globales a favor de las víctimas del terrorismo que se celebra hasta el viernes en el campus de Colmenarejo de la Universidad Carlos III, de la que es rector magnífico.
Ante una concurrida asistencia, entre la que se hallaba la presidenta de la Asociación 11-M, Pilar Manjón, Peces-Barba presentó las propuestas que el alto comisionado ha presentado al Gobierno para la promulgación de una ley integral sobre las víctimas del terrorismo que complete la ley de solidaridad (1999). A su juicio, esta norma "fue eficaz y palió numerosos problemas", si bien señaló dos limitaciones: mostrar una dimensión meramente resarcitoria y asistencial y haber sido concebida como una especie de ley de punto final que, a la postre, se vio desbordada por la reanudación de atentados por ETA y la matanza del 11-M.
En la justificación de su propuesta de ley integral, Peces-Barba distinguió la "solidaridad de los antiguos" -concebida como asunto privado y voluntario- de la "solidaridad de los modernos", cimentada en el pensamiento de Jean Jacques Rousseau y el marqués de Condorcet , que la orientaba hacia la esfera de la vida pública. En este segundo tipo, que "preconiza que el Estado asuma la defensa de los ciudadanos indefensos", dijo, "se asienta la propuesta legal". La futura ley -"sin un tiempo marcado", matizó-, tratará de ahorrar trámites a víctimas y revisará los criterios indemnizatorios.
Balance del alto comisionado
Peces-Barba, uno de los ponentes de la Constitución, hizo asimismo un balance de su gestión al frente del alto comisionado, que ha desempeñado durante año y medio; anunció que abandonará tal cometido en dos meses y señaló que en este plazo se ha creado la Oficina de Atención a las Víctimas, que ha pugnado por unificar y poner en relación las distintas asociaciones de víctimas. "Sólo un 20% de los afectados se hallan organizados, mientras el 80% restante actúa de forma dispersa", precisó.
Resaltó la colaboración con la Fundación de Víctimas del Terrorismo, creada durante el mandato del PP; remarcó que el Ministerio de Interior ha cursado más de 2.000 expedientes y destinado 21 millones de euros para las víctimas y que el de Trabajo ha dedicado otros 11 millones para prestaciones sociales a las víctimas del 11-M. Habló, además, de mejoras en educación, vivienda, empleo, atención jurídica y psicológica continuada, así como la ampliación de la protección a víctimas de nacionalidad española en atentados sufridos en el extranjero.
