La defensa del 'caso amianto' niega la responsabilidad de los procesados

Las defensas de los cuatro procesados en el caso del amianto -muerte de ocho trabajadores de la extinta fábrica de Fibrocementos de Levante de Sant Vicent del Raspeig y la enfermedad grave de otros 29 operarios- pidieron ayer su absolución, por considerar que no eran "responsables" de los controles ambientales y sanitarios en la fábrica. El fiscal solicita tres años de cárcel para los dos médicos y dos directivos juzgados.

El escrito de conclusiones definitivas presentado ayer por el abogado de los dos médicos incriminados en el caso del amianto -síndrome laboral por inhalación de polvo del mineral- argumentó que los trabajadores enfermaron en los años sesenta y setenta, mucho antes de 1992, cuando los facultativos Alberto Clemente Regidor y Miguel Ángel Sarabia Romero comenzaron a prestar sus servicios en el Grupo Uralita. Sarabia se encargaba de valorar los reconocimientos realizados a la plantilla y Regidor trabajaba en la sede central del grupo en Madrid, desde donde coordinaba los servicios médicos de todas sus fábricas filiales.

Esta parte subrayó que, admitiendo que a lo largo de la historia de la fábrica -activa entre 1950 y 2003- un "número importante de trabajadores" contrajo alguna enfermedad relacionada con el amianto, sostuvo que ambos facultativos siempre actuaron de manera "escrupulosa". Frente a la postura del fiscal, que acusa a los dos médicos de no realizar los preceptivos reconocimientos o de hacerlo de forma negligente, la defensa mantiene que los doctores declaraban la inaptitud de un trabajador

en cuanto observaban "el más mínimo indicio" de que había contraído una enfermedad derivada del contacto con la fibra de amianto. El letrado, además, se apoya en los testimonios de varios operarios para asegurar que los médicos siempre les informaban de inmediato de los resultados de las pruebas.

La defensa discrepa de que el ministerio público achaque "cualquier alteración" en la salud de los trabajadores a su exposición al amianto. Según su estimación, 22 de los 37 afectados tan sólo mostraban "signos de exposición" al mineral que "no necesariamente" degeneran en enfermedad, o incluso sufrían dolencias de otra índole.

La defensa de los médicos tampoco culpa a la empresa, ya que entiende que los trabajadores contrajeron la enfermedad hace varias décadas, cuando la legislación permitía unos niveles de concentración de fibras de amianto en la atmósfera muy superiores a los tolerados hoy en día. A partir de 1984, con la entrada en vigor del reglamento del amianto, la fábrica de Sant Vicent del Raspeig albergaba una concentración "muy por debajo de los límites" legales.

En cuanto a los dos directivos juzgados (José Pérez Domené, actual director de recursos humanos del grupo Uralita y jefe de personal de la factoría de Sant Vicent hasta 1984, y Carmelo Blay, jefe de personal de la fábrica entre 1990 y 1996) sus abogados reiteraron que ninguno de ellos tenía competencias en materia de salud y seguridad en el trabajo, por lo que no pueden ser considerados responsables de los hechos.