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Los arrendatarios del albergue de La Todolella declaran al juez que conocían el estado de las instalaciones

Los arrendatarios del albergue de La Todolella conocían el estado del establecimiento en el que murieron 18 personas a causa de la inhalación de monóxido de carbono, procedente de una estufa industrial. Este sistema de calefacción fue utilizado porque, días antes, las tuberías habían estallado debido a las heladas sufridas. El sistema de calefacción no funcionaba y los asistentes a la fiesta de cumpleaños, que acabó en tragedia, decidieron instalar estufas industriales para calentar la habitación en la que, finalmente, murieron todos. Los arrendatarios del establecimiento, de titularidad municipal, conocían el estado de las instalaciones y así se lo trasladaron a los organizadores de la fiesta que, sin embargo, mantuvieron la convocatoria. Así lo declararon ayer Pilar Trujillo y Diego Agud, los responsables del arrendamiento, que comparecieron ante el juez, en calidad de testigos y a petición del letrado de las familias personadas. Ambos reconocieron que las licencias administrativas para la apertura del albergue como alojamiento rural no estaban en regla. Por la cena y la instancia, los asistentes pagaron 50 euros cada uno.

Tras la de ayer, los letrados de las familias se mostraron más satisfechos ante la posibilidad de exponer a los arrendatarios sus dudas y contar con una declaración más extensa.

Sin embargo, las familias volvieron a mostrar su desacuerdo por la decisión de la Audiencia de Castellón de considerar innecesario otro interrogatorio al alcalde de la localidad, Alfredo Querol. La solicitud de esta prueba fue rechazada también por el fiscal, que ayer no acudió a la toma de declaración y que ante la Audiencia apuntó que las pruebas que reclamaban supondrían una "reiteración de pruebas". Los familiares también mantienen su parecer sobre las dudas e incongruencias de la instrucción y consideran que existen "contradicciones en las diferentes declaraciones de los supervivientes el día de autos" y que la franja horaria de fallecimientos que otorgaron los médicos forenses "se contradice con las pocas declaraciones recogidas en el sumario".

Ayer, los responsables del albergue no quisieron hacer ninguna declaración en el juzgado de Vinaròs que instruye la causa, mientas los padres de una de las víctimas, Cristina Higueras, mantenían su deseo de que las diligencias arrojen luz sobre la sucedido porque "todavía no sabemos por qué murió nuestra hija". Los familiares tampoco entienden por qué la Audiencia eximió al alcalde, como máximo responsable del ayuntamiento y, por tanto, del albergue, de volver a prestar declaración. "No lo entiendo, se me escapa", decía ayer el padre de Cristina Higueras.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 5 de julio de 2006