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Tribuna:

ONU, la hora de la verdad

Una tormenta menor se desencadenó recientemente cuando el vicesecretario general, Mark Malloch Brown, sugirió en un discurso que Estados Unidos debería colaborar más plenamente y con más entusiasmo con otros miembros de Naciones Unidas para llevar a cabo la reforma de esta organización. Eso es absolutamente cierto, pero los dos consideramos que esa misma observación es válida para muchos otros países, no sólo para EE UU.

Naciones Unidas ha llegado a un punto crítico. En diciembre pasado, los Estados miembros aprobaron un presupuesto para el bienio actual (2006-2007), autorizando a la Secretaría General a gastar sólo lo suficiente para los seis primeros meses. Los principales contribuyentes al presupuesto, encabezados por Estados Unidos, insistieron en que esa limitación de los gastos sólo se levantaría cuando se hubieran logrado progresos significativos en la reforma de la organización.

Sir Brian Urquhart, profundo conocedor de Naciones Unidas, dijo alguna vez que en la organización nunca hay realmente una crisis financiera, sólo crisis políticas. Brian tiene razón. EE UU intenta recurrir al poder del dinero para forzar la aprobación de reformas administrativas que se necesitan y sus tácticas han provocado una reacción de los países en desarrollo. La mayoría de los países en desarrollo son muy conscientes de la necesidad de la reforma, sobre todo porque Naciones Unidas les prestan muchos servicios de importancia vital, desde el mantenimiento y la consolidación de la paz hasta el socorro de emergencia, la defensa de los derechos humanos, la ayuda para organizar elecciones y la lucha contra las enfermedades infecciosas. Por tanto, son esos los países que más se benefician de que la organización esté bien administrada. Sus objeciones tienen menos que ver con los detalles de las reformas propuestas que con lo que perciben como la influencia abrumadora de unos cuantos países ricos, en una organización que supuestamente "está basada en el principio de la igualdad soberana de todos sus miembros".

A eso me refería en Londres en enero, cuando aludí al sentimiento de frustración y exclusión que lleva a muchos Estados a ejercer el único poder que tienen: el de impedir otras reformas, como las mejoras administrativas, pues algunos ven incluso en éstas un intento de los más fuertes de hacerse con aún más poder.

En última instancia esto significa que, como señaló recientemente el primer ministro Tony Blair, hay que reformar la estructura entera de Naciones Unidas, incluido el Consejo de Seguridad. Por ello, las reformas actuales son sólo un pequeño anticipo de lo que vendrá. La política pública simplemente se está haciendo más global. Ya se trate del terrorismo o la pobreza, las drogas o el delito, las enfermedades o el comercio, ningún Estado puede resolver los problemas por sí solo.

Sin embargo, mientras esperamos que la visión política se ensanche de manera acorde con los retos del momento, tenemos una labor fundamental que cumplir ahora mismo: ejecutar los programas que se iniciaron por mandato de los Estados miembros.

Redunda en interés de todos los Estados miembros que Naciones Unidas siga en funcionamiento y que se adapten a la labor concreta que se le pide cumplir. Por tanto, las dos partes en la discusión actual deben bajar el tono de sus pronunciamientos y entablar negociaciones serias para lograr ahora una solución de compromiso razonable.

No sólo la composición del Consejo de Seguridad se quedó estancada a mediados del siglo XX. También la administración y la actitud de muchos gobiernos hacia la Organización quedaron suspendidos en el tiempo. Ni una ni otra se han adaptado plenamente a la nueva realidad de una organización que ya no se limita a organizar conferencias y redactar informes, sino que administra operaciones complejas, de miles de millones de dólares, para ayudar a mantener la paz y a combatir la pobreza y los desastres humanitarios.

El plan de reforma que propuse el año pasado era muy claro a este respecto. En él recordaba que Naciones Unidas se basa en tres pilares: el desarrollo, la seguridad colectiva y los derechos humanos. Cada uno refuerza a los dos restantes, pero también depende de ellos. Y para más solidez necesitan un cuarto elemento: una profunda reforma administrativa.

Naciones Unidas tiene que ayudar a los Estados miembros a avanzar simultáneamente en esos tres frentes. Por eso no sólo necesita un Consejo de Seguridad, sino también un Consejo de Derechos Humanos eficaz, y también por ello el Consejo Económico y Social debe transformarse en un órgano dedicado auténticamente al desarrollo.

Ya se han logrado algunas reformas. El Consejo de Derechos Humanos y la Comisión de Consolidación de la Paz recién creados celebrarán sus primeras reuniones. Todos los Estados miembros han aceptado la responsabilidad de proteger a los pueblos amenazados por el genocidio y otros crímenes comparables. Hoy contamos con un fondo de socorro de emergencia en el que se han introducido mejoras importantes, un fondo para la democracia, una oficina de ética y un sistema más riguroso de protección de quienes denuncian prácticas ilegítimas.

Necesitamos ahora mejores mecanismos de supervisión y rendición de cuentas, un sistema de adquisiciones más eficaz, una mayor flexibilidad financiera y mejores normas para la contratación y gestión del personal. Frente a la magnitud de las tareas que debemos cumplir, éstas no son exigencias excesivas. Seguramente los gobiernos podrán ponerse de acuerdo sobre el modo de conseguir esas reformas sin provocar la parálisis de toda la organización.

Es hora de que aquellos a quienes interesa realmente la reforma se unan en una nueva coalición, que salve la brecha ficticia y nociva entre el Norte y el Sur y congregue a todos los que están dispuestos a trabajar de consuno porque comparten la visión de una organización de Naciones Unidas eficaz, que obre en beneficio de todos los pueblos del mundo.

Kofi Annan es secretario general de Naciones Unidas.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 2 de julio de 2006