Otra empresa es posible... en unos años

Responsabilidad Social Corporativa (RSC). Hace cinco años muchos directivos se preguntaban el significado de esas palabras. Hoy esta definición de gestión empresarial que combina crecimiento económico, desarrollo social y respeto al medio ambiente está incorporada al vocabulario de los empresarios y ha calado en el Gobierno. El ministro de Trabajo, Jesús Caldera, ha presentado esta semana el anuario de la RSC en España, mientras alrededor de 350 directivos españoles y de América Latina analizaban en Oviedo hasta dónde se puede llegar en este terreno. Los grupos de trabajo del Ejecutivo y el Parlamento se muestran partidarios de incentivar a las empresas que destaquen en este terreno.

La contratación pública es un arma para impulsar las políticas de RSC entre los proveedores de la Administración

"Vamos a ser prudentes; no hay ninguna pretensión legislativa ni intervencionista", asegura Ramón Jáuregui, diputado del PSOE

El debate está, por el momento, en el terreno de las ideas. Aunque en los últimos años han proliferado los ejemplos de buenas prácticas en las grandes empresas españolas -ya son 57 las que publican memorias específicas de RSC siguiendo las recomendaciones internacionales-, sólo cinco firmas del Ibex llevan este asunto hasta el consejo de administración, según recoge el Anuario de la Responsabilidad Social Empresarial -término escogido por la administración- en España 2006. O lo que es lo mismo, le dan la misma importancia que a otras áreas de la gestión empresarial.

Se trata de Repsol YPF, Endesa, Grupo Santander, Altadis y Telefónica (esta última acaba de presentar su memoria de responsabilidad, que va ya por la cuarta edición y está extendiendo a sus filiales de otros países). Esto significa que sólo el 14% de las grandes empresas, las más concienciadas con estas cuestiones, en parte porque son las que más arriesgan si se ven envueltas en un escándalo por no respetar los derechos laborales, discriminar a las mujeres o contaminar un río, están realmente concienciadas sobre la necesidad de gestionar las empresas de manera responsable.

Moda o cambio cultural

Algunos afirman que la RSC es sólo una moda. O como dijo la consejera de Repsol YPF Paulina Beato en el I Congreso Europa-Iberoamérica de Responsabilidad Social Corporativa celebrado esta semana en Oviedo, a veces, se confunde con actos de "hipocresía societaria". Para el diputado del PSOE Ramón Jáuregui no es así, sino que "responde a un cambio cultural sobre cómo entendemos la empresa" que se acentuará en el futuro.

Organizado por el Club de Excelencia en Sostenibilidad en colaboración con la Alianza Sumaq, que une al Instituto de Empresa con una decena de escuelas de negocios latinoamericanas, en este encuentro han participado alrededor de 350 directivos y expertos.

A pesar de esta afluencia, nadie cuestiona que España está al muy al principio en el camino de la RSC. Y eso que la subcomisión parlamentaria creada en la anterior legislatura para estudiar cómo se pueden incentivar estas políticas empieza a dar sus primeros resultados, al igual que el foro de expertos creado a instancias del Ministerio de Trabajo y en el que participan siete ministerios, 40 entidades interesadas (empresas, expertos, organizaciones no gubernamentales...).

El primero es que se ha llegado a un consenso sobre lo que se entiende por RSC o RSE: "Es la opción que realizan las empresas voluntariamente para desarrollar políticas sostenibles", recordó Juan José Barrera, representante del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales en el congreso.

Nadie defiende pues la imposición de obligaciones para las empresas en este terreno. Aunque esta postura se presenta con distintos matices. Los empresarios ya se revolvieron contra el Código Unificado de Buen Gobierno Corporativo propuesto por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y lograron con sus presiones rebajar algunas recomendaciones y eso que todas eran de carácter voluntario. También convencieron al Gobierno de la necesidad de duplicar el plazo dado para aumentar la presencia de mujeres consejeras.

Jáuregui se mostró conciliador: "Vamos a ser prudentes; no hay una pretensión legislativa ni intervencionista", subrayó.

Por lo visto en Oviedo, el hecho de que la RSC tenga carácter voluntario, no quiere decir que el Ejecutivo se mantenga a la expectativa. Barrera recordó que para el Gobierno del PSOE definir una política de fomento de la RSC es "un compromiso electoral". Para Ramón Jáuregui habría que unificar criterios sobre cómo informan las empresas a los mercados sobre sus políticas de RSC, pues hay "demasiado desorden". Y para el abogado Íñigo Sagardoy "no hay duda de que los Gobiernos deben hacer algo; deben convertirse en facilitadores y promotores de la RSC".

Lo que no está claro es qué ni cómo. Descartadas las normas de obligado cumplimiento, incluso por las recomendaciones de la Unión Europea, los expertos discrepan sobre cómo incentivar a las empresas para que pongan en marcha políticas sostenibles. Una posibilidad es favorecer la contratación pública de aquellas compañías que tengan mejores prácticas, como hace la Ley de Igualdad en el caso de las empresas que logren en el plazo de ocho años aumentar la presencia de consejeras hasta que éstas supongan al menos el 40% del órgano de administración. En la actualidad sólo el 3,9% de los consejeros de las cotizadas son mujeres.

El anuario de RSC incluye también una recomendación en este sentido: generalizar el uso de cláusulas sociales y medioambientales en los procesos de contratación pública, tanto en el ámbito nacional como en el autonómico y en el local. Y recuerda que la Administración tiene "una elevada capacidad de influencia sobre sus proveedores y contratistas". Las compras públicas suponen el 16% del PIB europeo, según los datos manejados por la Fundación Ecología y Desarrollo y la Fundación Alternativas, cercana al PSOE, que firman el anuario.

Fiscalidad y educación

La contratación pública no es la única forma de impulsar la RSE. Otra posibilidad es que las empresas más avanzadas se beneficien de una mejor fiscalidad, recordó Jáuregui. O promover programas de educación y sensibilización, así como dar publicidad a políticas ejemplares que sirvan de guía a las empresas que andan más retrasadas.

Para Sagardoy uno de los aspectos fundamentales es que las administraciones deben "dar ejemplo". El Gobierno del PSOE ha dado ya algunos pasos en este sentido con la aprobación de un código de buen gobierno del Ejecutivo y los altos cargos o el Plan Concilia, que permite a los funcionarios de la Administración central beneficiarse de algunas medidas para equilibrar su vida profesional y familiar.

Lo que está claro es que el cambio ha empezado, aunque muy lentamente. Y será gradual. Para Paulina Beato, consejera de Repsol YPF, lo importante ahora es "bajar la RSC de los departamentos específicos a la vida cotidiana de la empresa".