El juez del 'caso Malaya' envía a prisión a Fidel San Román, empresario de la plaza de toros de Las Ventas

El juez instructor del caso Malaya, Miguel Ángel Torres, dictó en la madrugada del sábado prisión incondicional para el constructor y ganadero Fidel San Román, empresario de la plaza de toros de Las Ventas. El magistrado le imputa un delito de cohecho en relación con tráfico de influencias y prevaricación. Fuentes de la defensa de San Román afirmaron que la imputación de su cliente se debe a una "supuesta agenda" en la que se refleja un pago de cuatro millones de euros vinculado a un convenio urbanístico con el Ayuntamiento de Marbella y a la construcción de una urbanización en suelo rústico. Los abogados de San Román recurrirán el auto de prisión con los argumentos de que dicho convenio, firmado el 2 de febrero de 2005, "no ha surtido efecto", y de que la urbanización "no fue levantada en suelo rústico".

El juez dictó libertad con fianza de 300.000 euros para el promotor cordobés Rafael Gómez, Sandokán, acusado de cohecho. "No tengo nada que temer y por eso he rechazado salir por la puerta de atrás. Mi madre me parió, y sigo siendo el mismo, una persona honesta y trabajadora", dijo Gómez.

Para Tomás Olivo, dueño del centro comercial La Cañada, el juez ordenó la puesta en libertad bajo fianza de 500.000 euros con cargos de cohecho. Olivo desembarcó en Marbella junto a su amigo Juan Antonio Roca, presunto cerebro de la trama, en 1991. El juez decretó prisión incondicional por presunto cohecho para Francisco García Lebrón, director comercial de Aifos, tercera empresa de Málaga, según fuentes de su empresa. En libertad sin fianza salió el empresario Gonzalo Fernández, pero acusado de cohecho. El último en declarar, el constructor José Ávila Rojas, uno de los mayores promotores andaluces, salió bajo fianza de 500.000 euros, también acusado de cohecho.