El Consell no prevé medidas para proteger la Serra Gelada de las agresiones urbanísticas

Vertidos en la antigua cantera de Benidorm, obras ilegales en la playa de este municipio, ampliación de amarres del puerto de Altea y urbanización del río Algar son las amenazas más serias para el futuro del parque natural marítimo-terrestre de la Serra Gelada. Un año después de su protección jurídica, el Consell ha firmado un convenio de gestión con los Ayuntamientos con término en el parque (Benidorm, Altea y L'Alfàs del Pi) que obvia cualquier iniciativa para preservar al paraje de la presión urbanística y centra las medidas en los aspectos divulgativos.

Los tres municipios tendrán que asumir la vigilancia del paraje con la Policía Local

Urbanizaciones, obras ilegales y vertidos, principales amenazas para el parque natural

El consejero de Territorio y Vivienda, Esteban González Pons, acaba de firma en Benidorm el convenio para la gestión del Parque Natural de Serra Gelada, que afecta además a los municipios de Altea y L'Alfàs del Pi. La rúbrica del documento, un año después de la declaración del paraje como terreno protegido, contó con una puesta en escena similar: rueda de prensa y ruta en barco por la bahía; si bien en julio de 2005 el protagonista del acto fue el predecesor en la Consejería, Rafael Blasco. El documento, suscrito entre el consejero y los alcaldes Manuel Pérez Fenoll (Benidorm), Miguel Ortiz (Altea) y Gabriel Such (L'Alfàs del Pi), sólo hace referencia a la voluntad de la consejería de "diseñar el material divulgativo", y de los consistorios para distribuir esta publicidad y asumir "las tareas de vigilancia con los medios propios de la policía local, del área del parque que les corresponde". Los municipios deberán ofrecer puntos de información y apoyar al voluntariado para limpiar el monte.

Sin embargo, el texto no hace referencia en ninguno de sus apartados a la inversión en la contratación de personal y medios para la protección de este espacio, y únicamente obliga al Consistorio de Benidorm a que sea el actual responsable de las actividades de la isla de Benidorm el que asuma las de todo el parque "tal y como está haciéndose hasta la fecha" y establezca como oficina algún local municipal. En el punto séptimo del convenio se explicita que las actuaciones que se desarrollen "no comportarán ningún gasto adicional a los que ya están realizando las partes".

La actividades que amenazan el parque natural, algunas al margen de la ley, en la periferia e incluso dentro del paraje, no son desdeñables. Varios proyectos urbanísticos, por los que los alcaldes y el consejero pasaron de puntillas, encabezan la lista de peligros reales para la valiosa reserva natural marítimo-terrestre.

A la presión urbanística se suma el vertedero de inertes de la antigua cantera que, en el mismo monte y lindado con el área del parque, se encuentra paralizado por decreto del alcalde de Benidorm, tras el incumplimiento del contrato de la empresa concesionaria, que ha vertido el triple de la cantidad estipulada, con materiales prohibidos. Ahora, el paraje soporta la emanación de gases. González Pons no quiso hacer referencia a este hecho y se limitó a apoyar al Gobierno de Benidorm. Pérez Fenoll culpó al PSPV de la situación -la cantera se explotó en época socialista- y afirmó que está a expensas de obtener más informes.

Tampoco se abordó la construcción ilegal existente en L'Illa de Benidorm, explotada sin permiso por un particular, ni las obras del promotor Ballester en una zona de dominio público marítimo terrestre, que ha denunciado la dirección general de Costas, en Punta Llisera.

En término de L'Alfàs, el Gobierno del PP desclasificó 300.000 metros cuadrados urbanizables en la cala de La Mina que la han salvado de momento de su transformación.

Las principales agresiones se encuentran en la Bahía de Altea, zona que también forma parte del parque. "La calificación de parque natural garantiza que las actuaciones que se realizarán no van a perjudicar el medio ambiente. Desarrollo sostenible no es volver a la etapa de las cavernas", apuntó el alcalde de Altea, Miguel Ortiz, gran defensor de macroproyectos como la duplicación de los amarres del puerto de Campomanes -paralizado- o la urbanización del río Algar. Este último proyecto, que ya tiene luz verde por parte de Territorio, ocupará tres millones de metros cuadrados, construirá 5.000 viviendas para 15.000 nuevos habitantes y contempla campo de golf, zonas comerciales y nuevos viales. González Pons matizó: "Cuando esta consejería tenga que dar su autorización tendrá en cuenta que estamos en un parque natural".

Serra Gelada es el primer parque marítimo-terrestre de la Comunidad Valenciana, con una extensión de 5.653 hectáreas. González Pons calificó de ejemplar el modelo turístico de Benidorm, que demuestra que "es posible conservar el territorio y desarrollarse turísticamente". El consejero remarcó que en su primer año Serra Gelada se ha convertido en el parque más visitado de toda la costa, con un total de 140.000 visitas.