Víctimas de ETA no reconocidas

El matrimonio formado por Enric Vicente y Núria Manzanares perdió a sus dos hijos en el terrible atentado de Hipercor de Barcelona, perpetrado por la banda terrorista ETA en 1987. Sílvia, de 13 años, y su hermano Jordi, de tan sólo nueve, se encontraban realizando unas compras con su tía cuando un coche bomba situado en el aparcamiento del centro comercial estalló y segó la vida de 21 personas.

Pese a lo dramático de la pérdida, ni Enric ni Núria merecen la consideración de víctimas del terrorismo. No, al menos, para el Ministerio del Interior. La pareja recibió hace días una resolución administrativa de la Oficina de Atención al Ciudadano y de Asistencia a Víctimas del Terrorismo en la que se les niega dicha condición. Además de haberles ofendido sobremanera, el dictamen les impide acceder a la pensión de carácter extraordinario prevista por la ley.

El funcionario ministerial justifica su decisión porque "no se ha acreditado la relación causal" entre el impacto emocional que supuso el atentado y las lesiones psicológicas que Enric y Núria sufrieron posteriormente. Eso, a pesar de que diversos informes médicos indican justo lo contrario: que las secuelas psíquicas -síndrome postraumático y depresión grave, entre otras- sí aparecieron como consecuencia de la muerte de los hijos en el atentado, el más sangriento en la historia de ETA.

Tras señalar que los afectados "no reúnen la condición de víctimas directas del atentado terrorista", el informe añade que Enric y Núria son simplemente "beneficiarios de las indemnizaciones" correspondientes por la muerte de sus hijos. Ambos reciben una pensión ordinaria de invalidez reconocida por la Seguridad Social y, hace poco más de un año, decidieron solicitar al Ministerio del Interior el reconocimiento como víctimas del terrorismo. La negativa de la Administración les ha ofendido. "Por la forma en la que nos lo han comunicado y por lo que nos dicen, nos parece indigno", explicó Enric, acompañado siempre por su esposa Núria, a la que aún le brillan los ojos con el recuerdo de aquella funesta tarde del 19 de junio.

Las afirmaciones contenidas en la resolución también han ofendido a la Asociación Catalana de Víctimas de Organizaciones Terroristas (ACVOT), que las tachó de "indignas". "Es una agresión absolutamente vergonzosa y un insulto grave a la dignidad de estas dos personas", explicó ayer en rueda de prensa el vicepresidente de la entidad, Robert Manrique. La ACVOT aseguró que pedirá responsabilidades "empezando por el funcionario de la oficina que firmó la resolución" y acabando, si es preciso, "por el presidente del Gobierno", aseguró el presidente, Santos Santamaría. La asociación avanzó que presentará un recurso ante los tribunales y que estudia denunciar al funcionario por prevaricación administrativa.

La Ley 32/1999 de Solidaridad con las Víctimas del Terrorismo prevé indemnizaciones para los "herederos en línea recta descendente o ascendente hasta el segundo grado de parentesco" por los fallecidos en atentado terrorista. Pero, según explicó Manrique, sólo se reconoce la condición de víctima si durante el primer año después del atentado se presentan secuelas psicológicas evidentes. Si éstas aparecen varios años después -como es relativamente frecuente- el Estado ya no las vincula a los atentados. "Hay muchos casos de estrés postraumático de origen tardío, es decir, que pueden tardar unos años en aparecer", explicó la responsable del área de psicología de la asociación, Sara Bosch.

El caso de Enric y Núria no es único. Según la ACVOT, la Administración ya había negado la condición de víctimas a otras 30 personas, aunque verbalmente. Ésta sí es la primera vez que se hace por escrito. "Si los padres de un niño muerto, o los viudos o los huérfanos no son víctimas, ¿entonces qué son?", remachó Manrique.