Igual de polémico

El segundo nombramiento del magistrado Javier Gómez Bermudez como presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional puede resultar tanto o más polémico que el primero, anulado hace menos de un mes por el Tribunal Supremo por falta de motivación. La votación llevada a cabo el miércoles por el pleno del Consejo, de nuevo con Gómez Bermudez como candidato preferido por los vocales de la mayoría conservadora, fue cuestionada por los ocho restantes por "venir viciada de origen" la propuesta de nombramiento y no atenerse a lo estipulado por el Supremo.

Para los vocales de la minoría, el segundo nombramiento de Gómez Bermúdez ha sido adornado con una motivación ficticia, ajena una valoración objetiva de sus méritos y capacidades, al tiempo que se minusvalora la trayectoria profesional y académica de los otros candidatos. Mientras que para la Comisión de Calificación el historial de Garzón cabe en tres párrafos y el de Félix Alfonso Guevara en cinco líneas, el de Bermúdez, más joven y con menos años de experiencia, ocupa seis folios.

Gómez Bermudez responde sin duda a los criterios jurídicos defendidos por el sector conservador del Consejo en la aplicación de la ley. Ha mantenido posiciones muy estrictas frente a las excarcelaciones de etarras, sin importarle para conseguir su objetivos jurídicos intrepretar la norma de acuerdo con la realidad social, expresada en la natural repugnancia ciudadana a su puesta en libertad. Pero no es un argumento que justifique su nombramiento. Pondría en evidencia, en su caso, un uso partidista y sectario del poder por parte de quienes le han nombrado, que no contribuye a prestigiar un órgano jurisdiccional estratégico.