España intercambiará el máximo nivel de información fiscal con Suiza para luchar contra el fraude

España pretende limitar al máximo el secreto bancario al que se aferran los países que funcionan como paraísos fiscales. Con ese objetivo, Hacienda firmó ayer un acuerdo con Suiza por el que este país se compromete a facilitar el máximo nivel de información fiscal posible. El acuerdo supone una paso importante para mejorar la lucha contra el fraude, especialmente por lo que se refiere a tramas con ramificaciones en diferentes países.

Además de considerar a España país preferente en el intercambio de información, Suiza se compromete a realizar una retención en los intereses que genere el capital de ciudadanos españoles en Suiza. Del total de la retención, un 75% se envía a la Hacienda española para que tenga constancia de esas actividades, según explican fuentes de este departamento. El resto se lo queda Suiza. La medida va más encaminada a controlar la actividad de empresas que la de contribuyentes particulares.

En caso de doble imposición (pago de impuestos por esas mismas actividades en España y en Suiza), el acuerdo garantiza que los afectados podrán descontarse en sus declaraciones de impuestos el exceso de tributación.

Además de Suiza, otros países europeos con un sistema bancario opaco (Bélgica, Austria y Luxemburgo) han optado por aplicar esa retención a los países con los que tienen acuerdo, a cambio de mantener el secreto bancario. Así se estableció en la directiva de la fiscalidad del ahorro que entró en vigor en la Unión Europea hace ahora un año.

Pasado un periodo de tiempo, estos países podrán optar entre mantener las retenciones o cambiarlas por ofrecer información fiscal directa. El principal objetivo de esta directiva consiste en erradicar el secreto bancario, algo en lo que los países comunitarios fracasaron. Pactar la directiva implicó más de dos años de negociaciones entre los diferentes Estados.

El acuerdo entre España y Suiza fue firmado ayer por el secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, y el embajador suizo, Armin Ritz. Ahora, los dos parlamentos deberán rubricar lo pactado.