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Salgado recurre el decreto antitabaco valenciano porque no separa físicamente los espacios de fumadores

La Generalitat ha esquivado la ley antitabaco por no respetar la separación física entre los espacios de fumadores y no fumadores en bares y restaurantes. Así lo entiende el Ministerio de Sanidad, que ayer anunció un recurso contencioso-administrativo contra el decreto valenciano que desarrolla la Ley de Prevención del Tabaquismo.

La Consejería de Sanidad permite a los hosteleros utilizar cortinas de aire, extractores, purificadores o "cualquier otro elemento que garantice que el espacio destinado a no fumadores quede libre de humos". Desde el mismo momento de su aprobación, el entonces consejero de Sanidad, Vicente Rambla, hizo público el compromiso de que su departamento sería "flexible" a la hora del desarrollo del texto "para permitir su aplicación". Y parte de esta flexibilidad consiste en ahorrar a los hosteleros el coste de las reformas que deberían acometer para adecuar los locales a la ley y separar las salas.

"Se podrían eliminar los malos olores, pero no los vapores tóxicos y cancerígenos"

Pero la normativa habla explícitamente de "separación física" de dependencias que deben estar "completamente compartimentadas", por lo que el ministerio considera que no se respeta. No sólo eso, "supone una merma en la protección de la salud" de los valencianos, ya que los extractores "podrían eliminar los malos olores del tabaco pero no evitan que los vapores tóxicos y cancerígenos del humo del tabaco lleguen a los no fumadores, como reconoce la propia Organización Mundial de la Salud", indicó el ministerio ayer en una nota de prensa.

No es éste el único aspecto en litigio. El decreto también viola la norma estatal en lo referente al cómputo de las superficies destinadas a clientes en los establecimientos hosteleros. La ley habla de separar espacios a partir de 100 metros cuadrados y el texto autonómico lo extiende hasta los 120 metros, excluyendo aseos y otros espacios destinados a clientes o visitantes. Además, el ministerio considera que la norma valenciana trata de modificar el régimen sancionador establecido por la ley estatal.

El ministerio remitió hace un mes una carta a la Consejería de Sanidad en la que le concedió un mes para modificar los artículos que "incumplen la normativa nacional". Pasado el plazo, ayer anunció el recurso contencioso-administrativo contra el decreto valenciano. La Generalitat sostiene que no hay ningún problema legal y señala que el texto cuenta con el aval del Consell Jurídic Consultiu, la entidad autonómica encargada de velar por la legalidad de la norma, equivalente al Consejo de Estado. De hecho, el actual consejero de Sanidad, Rafael Blasco, dio su postura al respecto en la primera rueda de prensa que concedió al expresar que su departamento no contemplaba la posibilidad de modificar el decreto. Blasco indicó que la actitud del ministerio responde a su intención de echar "un pulso a esta autonomía a traves de recursos a decisiones soberanas de un gobierno como el valenciano". La Federación Empresarial de Hosteleria de Valencia rechazó ayer la postura del ministerio al sentir que Salgado "cuestiona el compromiso del sector en la lucha contra el tabaquismo" e insistió en la necesidad de "abordar con mayor realismo la lucha contra el tabaquismo a pie de calle".

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