Los camiones circularán gratuitamente a partir de mañana por la AP-7 en Castellón
El acuerdo para el desvío de camiones por la autopista AP-7 de forma gratuita, a su paso por Castellón, entrará en vigor mañana con el objetivo de mejorar las condiciones de seguridad y de circulación entre los términos de Castellón y Oropesa. Por tercer año consecutivo, los ayuntamientos de la capital de La Plana, Benicàssim, Oropesa y la Diputación de Castellón costearán la medida, cuya vigencia terminará el día 17 de septiembre. El desvío de camiones desde la carretera N-340 a la AP-7 se realizará entre las 7.00 y las 10.00 de la mañana y entre las 18.00 y las 21.00.
Durante el año 2005, la afluencia media diaria de vehículos pesados que optaron por el desvío, que es voluntario, fue de 167 en sentido hacia el sur y 122 vehículos que circulaban hacia el norte, y tuvo un coste de 72.000 euros.
La negativa del Ministerio de Fomento a costear una medida que secundó poco más del 22,5% del tráfico pesado que circula por este tramo, ha vuelto a desencadenar las críticas del PP. Esas críticas fueron respondidas por el subdelegado del Gobierno en Castellón, Juan María Calles. Éste, además de ofrecer los datos de camiones y autobuses desviados durante 2005, hizo un recuento del número de horas que las patrullas de la Guardia Civil destinan a la vigilancia, exclusivamente, de este tramo. Según Calles, se trata de 444 patrullas, 888 agentes y 5.328 horas de servicio invertidas que, a su entender, sirven para acallar "aquellas alusiones maliciosas y malintencionadas sobre que no le cuesta nada al Gobierno". Además, Calles alegó que la AP-7 estaría liberalizada si el PP no hubiera ampliado la concesión a Aumar, que vencía este año.
La medida para el desvío del tráfico pesado se perfiló en un convenio suscrito entre el alcalde de Castellón, Alberto Fabra, y el director general de la concesionaria Aumar, Américo Jiménez. Su coste se fijará según el número de vehículos que utilicen la medida y se repartirá entre el Ayuntamiento de Castellón y la Diputación de Castellón, que pagarán un total del 60%, y los Ayuntamientos de Benicàssim y Oropesa.
