El sindicato UGT exige que los autocares nocturnos salgan de la estación de Moncloa

Muchos conductores de las seis líneas de autobuses que salen desde Moncloa por la noche -Larrea, Llorente, Autoperiferia, Francisco Larrea, Beltrán y Julián de Castro- estaban desconcertados ayer ante el riesgo que entraña últimamente su trabajo. Todos hablan de historias desagradables que han vivido en los últimos días o de agresiones que han sufrido algunos compañeros. Especialmente los fines de semana, cuando aumenta el número de líneas de cada compañía.

El sindicato UGT viene denunciando, desde que el servicio de autobuses nocturnos de la Comunidad de Madrid fuera regularizado hace un año y medio, los "riesgos" que padecen estos profesionales, principalmente los fines de semana, por parte de usuarios "que acceden ebrios al autobús, consumen todo tipo de sustancias psicotrópicas y causan destrozos en los vehículos". Entre otras medidas, UGT exige que estos autobuses salgan del intercambiador de Moncloa, que cuenta con un servicio permanente de vigilancia, y no de las calles aledañas como sucede ahora desde la una de la noche.

La consejería de Transportes de la Comunidad de Madrid, de quien depende el consorcio de trasportes, se eximió ayer de responsabilidad en el asunto. Fuentes de dicha consejería aseguraron que "son las empresas que han obtenido la concesión para realizar éste servicio público las que deben velar por la seguridad de los pasajeros y de sus propios conductores". EL PAÍS trató ayer, sin éxito, de localizar a responsables de Autoperiferia, Larrea y Llorente.

"No podemos imponer nuevas medidas de seguridad como las mamparas o los vigilantes privados que reclaman los conductores y que no aparecían en el contrato inicial con las empresas", aseguraron desde la consejería. "Pero si de verdad se trata de un problema real y no de casos aislados nos reuniremos con ellos y con la Delegación del Gobierno para estudiar posibles soluciones al problema". Además se descartó la posiblidad de aplicar ningún tipo de sanción a las empresas concesionarias en las que se producen los incidentes.

En la Delegación del Gobierno tenían ayer constancia de dicha situación, pero también se comprometieron a estudiarlo cuando sea notificado por la Jefatura Superior de Policía de Madrid.