El Ejecutivo fijará por ley la primacía del Estado en la planificación de todos los ríos

Una ley del Estado fijará las competencias en la planificación hidrológica y establecerá con nitidez la primacía en la política de aguas, aunque también establecerá instrumentos de cooperación con las comunidades. Pero antes de que se apruebe esta ley, que impulsa la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, los Estatutos que se tramitan en el Congreso recogerán la preeminencia del Estado sobre la gestión de los recursos hídricos en España. Sobre estas bases, el PSOE negociará modificaciones en los Estatutos de Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha y Castilla y León.

Una ley estatal estará por encima de lo que recojan los Estatutos de Autonomía en materia de políticas hidrológicas. Este es el principio general del que partirán los negociadores del Gobierno, del Grupo Parlamentario Socialista y del PSOE con los representantes de las comunidades autónomas cuyos Estatutos se reservan la competencia exclusiva sobre sus ríos.

Esa ley estatal, a la que necesariamente tendrán que remitir los Estatutos de Autonomía, partirá de la reforma de la Ley de Aguas y a la de Confederaciones Hidrográficas cuya reforma tiene en marcha la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, aunque las reformas también darán a las autonomías la participación de la que ahora carecen en las Confederaciones Hidrográficas.

Esta intención del Gobierno provocará negociaciones entre el Grupo Socialista y las comunidades autónomas cuyos estatutos, sin pasar todavía por las Cortes Generales, establecen la competencia exclusiva sobre sus ríos. Los Estatutos de Andalucía y Aragón están ya en el Congreso y se ha abierto hasta septiembre el plazo de presentación de enmiendas.

Antes de que empiece la negociación con los representantes autonómicos habrá reuniones oficiosas entre socialistas para fijar con claridad los límites en los que se pueden mover.

Así ocurrió el pasado jueves en una reunión sin publicidad, en torno al Estatuto de Andalucía, encabezada por la ministra Narbona y el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Francisco Caamaño. Por el Grupo Socialista estuvo su portavoz, Diego López Garrido, y el portavoz constitucional, Ramón Jáuregui. Por la dirección federal del PSOE, el responsable autonómico, Alfonso Perales, y la titular de Medio Ambiente, Soraya Rodríguez. Los dirigentes del PSOE andaluz Luis Pizarro y Manuel Gracia, encabezaban su delegación. En la reunión se marcaron las reglas y los límites para que la negociación en torno a las enmiendas sea lo más pacífica posible. Se destaca el "tono constructivo" de las dos partes.

También habrá discusión con los representantes de Aragón sobre algunas de sus pretensiones en materia de agua que figuran en su Estatuto. La más conflictiva es el establecimiento de una reserva de agua para uso exclusivo de los aragoneses, cuya viabilidad presenta, según el PSOE, algunas objeciones jurídico-constitucionales, que la dirección socialista tratará con el presidente de Aragón, Marcelino Iglesias.

Los mismos interlocutores indicarán también al presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, los límites en su demanda de tener la competencia exclusiva sobre el agua, así como poner fecha de caducidad al trasvase Tajo-Segura, como figura en un borrador de trabajo de su estatuto.

En esta negociación, las comunidades autónomas conocerán el bloque de funciones o competencias que el Estado no delegará en ningún caso.

- Planificación. Planificación hidrológica, planes estatales de infraestructuras hidráulicas y planes estatales relacionados con infraestructuras hidráulicas, como plan nacional de Regadíos y Plan de Seguridad de presas.

- Dominio público hidráulico. Deslindes y servidumbres; registro de Aguas; establecimiento de caudales mínimos y medioambientales; medidas de emergencia en casos de sequía y otras situaciones excepcionales.

- Convenios. Organización y gestión de bancos, transferencias de aguas entre cuencas, acuerdos y convenios internacionales y actuaciones que se derivan de convenios con las comunidades autónomas.