Tres condiciones

El supuesto de partida es que José Montilla abandonará el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo para competir como candidato a la presidencia de la Generalitat en las elecciones que, probablemente, se celebrarán en octubre. Sobre ese supuesto, casi cierto, el juego consiste en examinar la gestión del ministro saliente y en predibujar algunas condiciones básicas que debería tener el próximo ministro, siempre en el caso de que el presidente del Gobierno considere que el titular del ministerio debe dirigir la política industrial, energética y comercial del país, en lugar de consumir sus energías en hilvanar absurdos pespuntes en estatutos de autonomía.

La primera parte del juego está contada y cantada. Montilla se ha desentendido con entusiasmo de cualquier intento de activar decisiones políticas o técnicas en los ámbitos de gestión que le corresponden. La política industrial es desconocida, la energética ha producido un Libro Blanco estéril más un embrollo de cierta consideración en el mercado eléctrico -bueno, eso que las empresas llaman mercado y que en realidad es un rastrillo con precios manipulados- y bien poco se sabe de las estrategias de detalle del ministro y su equipo energético para abordar el lío de las OPA de E.ON y Gas Natural sobre Endesa. Con buena voluntad se puede apuntar en el haber del ministerio Montilla el manejo voluntarioso de la inversión en I+D aunque, eso sí, tampoco haya resuelto el enfadoso caos de departamentos, direcciones, organismos y negociados que reparten los dineros.

El próximo ministro de Industria español debería ser capaz de actuar en perfecta consonancia con el de Economía

De las carencias de la etapa Montilla se extraen fácilmente algunos requisitos que deberían cumplir el ministro y el Ministerio de Industria si se les quiere reconocer algún papel en la política económica española. La condición inicial es que el ministerio no puede ser otra vez la moneda con que se paga el tributo político que exige el PSC o el partido autonómico de turno que pone los votos al servicio del partido del Gobierno. Fatiga en demasía que durante las últimas legislaturas Industria se haya convertido en un predio reservado para políticos catalanes -Josep Piqué y Anna Birulés antes que Montilla- que lo han utilizado principalmente para figurar en Madrid y hacer política en Cataluña. Esta rutina impone que el PSC o CiU malinterpreten que tienen derechos adquiridos sobre la dirección de la política industrial española y, mucho peor, que los presidentes del Gobierno se hayan aficionado al automatismo de entregar el departamento a un político catalán sin tener en cuenta sus capacidades técnicas o políticas para el cargo. No es obligatorio hacerlo, sobre todo a voleo, y conste en acta que, por supuesto, varios políticos catalanes -como de otras comunidades autónomas- reúnen los talentos requeridos.

Adviértase que no están los tiempos para seguir el modelo de sillón en Madrid y política en Cataluña. Ésta es la segunda condición: que el nuevo ministro tenga conocimiento de los mercados energéticos, esté al tanto de los problemas industriales o tecnológicos de la economía española y disponga de ideas -no hace falta que sean muchas, basta con que estén claras- para resolverlos con cierta elegancia. Es decir, que tenga competencia reconocida en las funciones por las que recibe el sueldo. El sustituto de Montilla tendrá que decidir con rapidez sobre cuestiones acuciantes y agobiantes: qué se hace con la OPA de E.ON sobre Endesa, cuántas fusiones, alianzas o concentraciones tienen que producirse -y entre quiénes- para asegurar el mercado energético español frente a incursiones similares a la de E.ON, cómo se configura un sistema de formación de precios de la electricidad que no produzca tanta vergüenza como el vigente, que ha engordado las cuentas de las eléctricas durante los últimos ocho años o cuál es la política más adecuada en Latinoamérica para ayudar a las empresas españolas en Argentina, Venezuela o Bolivia, por citar sólo las tareas pendientes más sonadas.

Y queda una tercera condición: que el ministro de Industria sea capaz de entenderse con el de Economía, es decir, de actuar en consonancia con él. Nada más ridículo que esa disonancia mal disimulada de actitudes sobre la OPA de E.ON fabricada a medias con la inhibición presuntamente liberal de Pedro Solbes y el intervencionismo inoperante de José Montilla, incapaz por otra parte de organizar una línea de defensa creíble ante la incursión de la eléctrica alemana. Si el nuevo ministro conecta además con el gabinete económico de Rodríguez Zapatero, mejor que mejor.