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COLUMNA

El honor de Maragall

En el último momento, Pasqual Maragall ha tenido dos gestos de grandeza, el segundo de los cuales ha sido renunciar a volver a ser candidato. La decisión se produce tras unos resultados en el referéndum de ratificación del nuevo Estatuto que más bien certifican el fracaso de los objetivos que se marcó con ese proyecto, eje de su presidencia. Habría sido pedir demasiado que, además del gesto, hubiera un reconocimiento de ese fracaso. El mérito consiste en haber vencido la tentación de darse una nueva oportunidad.

Maragall justificó la reforma por necesidades de la sociedad catalana, por sus beneficiosos efectos para el sistema autonómico español y por su posible influencia positiva en el problema vasco. El balance es en los tres terrenos bastante menos satisfactorio de lo que ayer sostuvo. La fuerte abstención desmiente que existiera una fuerte demanda de más autogobierno en Cataluña, y parece revelar una considerable distancia entre las emociones interesadas de su clase política y las de la población. No es que la mayoría de los catalanes se oponga a un nivel más alto de autonomía; si se la ofrecen, les parece bien. Pero se ha demostrado que no era una prioridad que justificase los efectos negativos provocados.

El primero, que, lejos de posibilitar un acomodo definitivo de Cataluña en España, el nuevo Estatuto cuenta con menos respaldo, cuantitativo y cualitativo, que el de Sau. No sólo no ha propiciado la integración de Esquerra, sino que la ha sacado del consenso de 1979. Y se ha proporcionado al nacionalismo la baza de un programa común de contenido muy radical para un frente CiU-ERC: el texto (inconstitucional) votado el 30 de septiembre por el Parlamento catalán, y que hubo de ser limado en las Cortes.

No refuerza sino desestabiliza el Estado autonómico, en el que ya ha comenzado una incongruente carrera de emulación, incluso en comunidades cuyos intereses son directamente contradictorios con el modelo de Estado que resultaría de la generalización del modelo catalán. El objetivo de cierre del modelo autonómico en clave federal se ha convertido en apertura de un proceso de desfederalización, en el que el valor de la igualdad ha sido sustituido por el de la diferencia. Están por ver los efectos del nuevo sistema catalán de financiación, pero ya es grave que se haya introducido el criterio de relacionar las inversiones del Estado en cada territorio con su aportación al PIB general. Que en Baleares la derecha haya intentado aplicar la misma regla muestra la dinámica que podría abrirse si los partidos de ámbito nacional no la frenan.

Desde el punto de vista del PSOE, el nuevo Estatut significa la renuncia a las pautas marcadas en Santillana para las reformas institucionales: además de la plena constitucionalidad y un consenso no inferior al existente, congruencia "con nuestro propio proyecto". Contra lo que dijo ayer Maragall, el experimento de Gobierno de izquierdas se zanja con un descrédito del tripartito (Perpiñán, 3%, oficinas de corrección lingüística, informe sobre periodistas no afectos, cuotas obligatorias de los funcionarios adscritos a consejerías de ERC) que posiblemente favorecerá el regreso de CiU. También Zapatero paga un precio ante la opinión pública: su imprudente compromiso de asumir lo que llegase de Cataluña fue respondido con la deslealtad de presentar un proyecto inasumible.

Esto afecta de rebote a las esperanzas de que el modelo catalán sirviera para encauzar la cuestión vasca. Por una parte, ha puesto de relieve la inviabilidad de la fórmula (ideada por el socialista Eguiguren) de un punto de encuentro entre soberanistas y autonomistas consistente en el compromiso de refrendar en el Parlamento español la reforma consensuada en el vasco. Pues sólo sería viable si lo consensuado es constitucional y compatible con el Estado autonómico. Además, la inclusión en el pacto del Tinell de una cláusula que amenazaba con someter a consulta ciudadana la reforma del Estatut si era muy recortada fue interpretada por Ibarretxe como un aval a su pretensión de convocar un referéndum sobre su plan soberanista si era rechazado en Las Cortes.

Había motivos, por tanto, para que Maragall renunciara a seguir, pero es seguro que no habrán faltado voces que le aconsejaran permanecer al menos hasta encontrar una posición más airosa. Que las haya desoído es algo que le honra tanto como el hecho de haber sido el único político catalanista que criticó incondicionalmente el acoso sufrido por Rajoy en la campaña: el otro gesto de grandeza del todavía presidente de la Generalitat en los últimos días.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 22 de junio de 2006