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Iniciativa pide seis años y medio de cárcel para el ex consejero Farreres

El partido le acusa de malversación por encargar estudios falsos

Iniciativa per Catalunya Verds (ICV) ha presentado escrito de acusación contra el ex consejero de Trabajo en la época de CiU Ignasi Farreres y solicita seis años y medio de cárcel y ocho años y medio más de inhabilitación por encargar informes que resultaron ser burdas copias de tratados jurídicos. Por esos ocho trabajos se pagaron 46.758 euros. ICV acusa a Farreres de malversación, falsedad y prevaricación.

ICV ejerce la acusación popular en el caso que tramita el Juzgado de Instrucción número 11 de Barcelona. La investigación ya ha concluido con la inculpación de Farreres, consejero de Trabajo entre 1988 y 1999; del que fue secretario general del departamento, Josep Maria Servitje, y de Víctor Manuel Lorenzo Acuña, propietario de Socesca y Gestumer, las empresas beneficiarias. Los tres eran y son militantes de Unió, recordaba el juez el 25 de mayo en una resolución.

Esa decisión, denominada auto de incoación de procedimiento abreviado, supone el fin de la investigación y abre la puerta a la celebración del juicio, pero han recurrido contra ella la Generalitat, que también ejerce la acusación como parte perjudicada, y la acción popular que representa el abogado Manuel González Peeters.

Ambos recursos coinciden en pedir al magistrado Francisco González Maíllo que impute a Santiago Vallvé, socio de Acuña en las empresas beneficiarias. El fiscal Fernando Rodríguez Rey, que esperará a que el juez resuelva esos recursos antes de presentar escrito de acusación, se opone a la inculpación de Vallvé por considerar que no existen pruebas. La defensa de Farreres y Servitje también ha recurrido contra la decisión, y en el muy probable caso de que el juez se ratifique, acudirá a la Audiencia de Barcelona.

El escrito de acusación de ICV recuerda que numerosos funcionarios de Trabajo declararon ante el juez que desconocían la adjudicación de los estudios. Por ese motivo, ICV entiende que la contratación se realizó al margen de los procedimientos habituales empleados en estos casos y "en virtud de la militancia en un mismo partido político que existía entre los responsables de la adjudicación y el beneficiario".

Desvío de dinero

El juez admite en su resolución que tanto Farreres como Servitje no se lucraron con esos encargos, y explica que la finalidad de la trama era desviar dinero cuyo paradero no ha podido ser probado. La sospecha mantenida durante la investigación es que sirvió para financiar a Unió, pues el procedimiento empleado es el mismo que en el llamado caso Turismo, que acabó con la condena de una docena de personas por la malversación de fondos públicos procedentes del Consorcio de Turismo de Cataluña en la época en la que lo dirigía Joan Cogul.

Pero se trata simplemente de una sospecha que no se ha podido corroborar. En este sentido, el escrito de ICV recuerda que la falta de utilidad de los estudios demuestra que "sólo fueron un medio para conseguir el verdadero fin deseado, que no es otro que el desvío de fondos públicos para finalidades ajenas al interés general". Unió declinó ayer realizar cualquier evaluación sobre el escrito de acusación de ICV.

Los informes se cobraron en los años 1994 y 1995. Cuatro de ellos costaron 23.499 euros y se pagaron con cargo al Fondo Social Europeo. El resto fue costeado por una partida del departamento. El consejero Farreres fue en todos los casos quien encargó los estudios y Servitje, quien realizó la propuesta de contratación. Durante la investigación judicial se han podido localizar los tratados de derecho de donde fueron copiados los informes. Farreres justificó su utilidad ante el juez cuando prestó declaración argumentando que en aquella época se estaba negociando con el Gobierno del PSOE el traspaso del Inem y que aquellos informes fueron necesarios.

El escrito de acusación de ICV, redactado por el abogado Vladimir Blanes, recuerda que las sociedades Socesca y Gestumer no tenían ninguna experiencia en el campo de la consultoría y, pese a ello, fueron contratadas por Trabajo, y anteriormente por el Consorcio de Turismo. ICV acusa por igual a Farreres, Servitje y Acuña, y solicita para ellos penas de cuatro años y medio de cárcel por un delito continuado de fondos públicos, dos años de prisión por delitos de falsedad de funcionario y ocho años y medio de inhabilitación por el delito de prevaricación.

ICV también solicita que los tres acusados indemnicen al tesoro público de la Generalitat con la cantidad defraudada. Joan Boada, portavoz parlamentario de ICV, que ayer presentó el escrito de acusación a la prensa, expresó su deseo de que los tres acusados "vayan a la cárcel" porque "quien la hace, la paga".

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 22 de junio de 2006