Viejos conocidos

La detención de los principales responsables del entramado del chantaje terrorista de ETA en los últimos años puede aclarar cómo se ha reconstruido y ha operado esta red, dirigida por Ángel Iturbe Abasolo, hermano del ex jefe de ETA, ya fallecido, Txomin Iturbe. La policía considera que forman parte de la red desarticulada numerosos históricos de ETA, con responsabilidades en el aparato de extorsión de la organización, en los años 80. Entre ellos, Eloy Uriarte Díaz de Guereñu, señor Robles, que en esa década se dedicaba, según la policía y la Audiencia Nacional, a recoger el dinero de la extorsión entregado por empresarios vascos en un bar de una localidad del País Vasco francés. Un auto del entonces juez de la Audiencia Nacional Carlos Bueren señalaba que el señor Robles era el encargado de "recibir los fondos procedentes de las cajas de resistencia y comités de refugiados" y conocía "los ingresos procedentes del denominado impuesto revolucionario y haciendo entrega de fondos al aparato militar en ocasiones". José Luis Cau Aldanur, de nacionalidad francesa y en los años 80 trabajador de Sokoa- donde en 1986 la policía halló gran parte de la documentación financiera de ETA- ha sido investigado en los últimos años por las policías francesa y española como una de las piezas fundamentales del aparato de extorsión.

La detención de la cúpula política de la banda el 3 de octubre de 2004, por parte de la policía francesa, abrió las cortinas del entramado financiero, entonces a cargo de Soledad Iparragirre, Anboto. El último gran botín de ETA producto de un secuestro fue el pagado por la familia Delclaux para asegurar la liberación, el 1 de julio de 1997, de Cosme Delclaux: 1.000 millones de pesetas, aunque lo pactado fueron 1.500 millones.

Según la documentación incautada en el piso de Mikel Antza y Anboto, por el chantaje a los empresarios, en tres años (de 2002 a 2004) ETA había ingresado más de 2,7 millones de euros. Aunque, según esa misma documentación, el nivel de gasto era muy elevado. Sólo en 2002, unos dos millones de euros. Hasta la detención de Antza y Anboto, y poniendo como ejemplo únicamente tres meses de 2003, el número de cartas de extorsión remitidas entre septiembre y noviembre de ese año a empresarios ascendieron a 246, de las que 61 eran ultimátums antes de empezar a atentar contra ellos y 53, recordatorios de cartas anteriores.