Un edil confirma las irregularidades en el urbanismo de Manilva

"Tras el convenio de la finca La Parrada había un trasfondo económico inconfesable, económico puro y duro. El problema estriba en que el alcalde firmó un convenio por otros motivos distintos del bien común". El concejal de la Agrupación Socialista de Manilva (ASM), Emilio López Berenguer, denunció ayer ante el juez Miguel Ángel Torres la firma del convenio municipal que afectaba a la finca La Parrada, propiedad de Royal Marbella Estates, una de las empresas vinculadas a la red de blanqueo de dinero procedente del tráfico de drogas descubiertas en el caso Ballena Blanca.

En dicha operación fue detenido el pasado octubre el que entonces era alcalde de la localidad, Pedro Tirado, actualmente en libertad bajo fianza. López Berenguer, que declaró ayer como testigo, detalló cómo funcionaba antaño el peculiar urbanismo de Manilva. "Relaté al juez el conocido rumor de que oficinas municipales ejercían de agencias municipales, que existen tramas que vendían y compraban fincas, y que personas que no les correspondía ejercían de corredores", puntualizó.

Para el concejal actualmente en la oposición, que fue también alcalde, en el convenio para la finca La Parrada el consistorio recibió un beneficio económico demasiado escueto. "Políticamente es inaceptable que el cuñado del alcalde, Francisco Calle, haga negocios especulativos con recalificaciones de por medio en el mismo Manilva. No es de recibo, porque como mínimo tenemos un delito de tráfico de influencias", añadió López Berenguer.

Junto al edil también declararon como testigos la directora general de Urbanismo de la Junta, Mercedes Izquierdo, el arquitecto redactor del Plan de Ordenación del Territorio de la Costa del Sol, José Seguí, y los empresarios Juan Carlos Romero, Juan Barbancho y José Luis Páez de las promotoras que adquirieron en su día la finca La Parrada.

Convenios

El primer convenio firmado, de noviembre de 2003, consistía en el paso de suelo rústico a suelo urbanizable no programado de los 1,3 millones de metros cuadrados de La Parrada, y el segundo, de agosto de 2004, preveía aumentar su edificabilidad de 10 a 18 viviendas por hectárea. Las operaciones supusieron que el precio de la finca pasara de 12 millones de euros a los 160 millones que pagaron cinco promotoras a Royal Marbella Estates, cuya propiedad se atribuía a Aki Kujala, ciudadano finlandés detenido en la operación Ballena Blanca.

El alcalde de Manilva, Salvador Zotano, y ocho concejales declararon el pasado lunes como imputados por un presunto delito de prevaricación ante el juez Torres. El abogado municipal que los representa, Agustín Ortega, confirmó ayer que una vez concluya esta tanda de declaraciones solicitará al juez que retire la imputación por prevaricación que pesa sobre los nueve ediles, ya que estima que "está por completo injustificada".