"La Administración de Justicia tiene que ser un instrumento para la paz"

Alfonso Aya (Bilbao, 1950), se incorporará a finales de este mes a la Fiscalía del Tribunal Supremo tras 22 años como fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Vitoria. "He agotado un ciclo", asegura.

Pregunta. Veintidós años es más que un ciclo, es más bien toda una carrera profesional. ¿Por qué se va ahora y a un puesto que no lleva aparejadas tareas de mando? ¿Tiene alguna promesa del fiscal general?

Respuesta. No, no. Llevo demasiado tiempo aquí. Posiblemente debí haber cambiado hace mucho, y ésta no es sólo una apuesta profesional, sino también personal y familiar, de decir con mi mujer y mis hijos: "Vamos a hacer una vida nueva".

P. ¿Tampoco es una cuestión de seguridad o de convivencia?

"Posiblemente haya leyes que deban ser cambiadas". ¿Por ejemplo? "La ley de Partidos pudiera tener que actualizarse"

"Me parece muy grave que por la ilegalización de un partido sus miembros sean considerados todos como unos muertos civiles"

R. Creo que el irme ahora impide esa interpretación. A estas alturas, creo que he puesto mi cuota en ese terreno.

P. Politización en la justicia y judicialización de la política, interferencias y envites entre ambas. ¿Tiene la impresión de que siempre ha habido tanto ruido como ahora?

R. Probablemente, no. No sé precisar el momento en que esa franja en la que justicia y política se tocan ha empezado a ensancharse hasta convertirse en un río que invade las dos orillas. La separación no es una línea y es lógico que se produzcan controversias, pero algunos quieren estirar esa franja hasta su propio huerto y eso no se puede permitir.

P. ¿Por qué pasa esto y por qué pasa más ahora que antes?

R. Estamos en un círculo vicioso que no sabemos dónde vamos a pararlo, en el que la crispación produce politización y ésta de nuevo crispación. Alguien tendrá que decir hasta aquí hemos llegado.

P. ¿Y quién puede hacer eso?

R. Un pacto de la Moncloa como en el año 77 no va a haber. Todos van a decir que lo desean, pero nadie va a admitirlo. Yo no le veo solución.

P. ¿Es adecuado pedir a la justicia que tenga en cuenta la nueva etapa y adapte sus actuaciones a ella?

R. Lo que se debe pedir es lealtad de todos a ese proceso en el que parece que avanzamos, entendiendo por eso que cada cual ponga lo que pueda en él. Eso no significa que yo esté de acuerdo con todos los pasos que den los políticos, pero sí que no los boicotee. Si esa adaptación se le pide a la prensa, a los empresarios, al sistema educativo, ¿cómo no se le va a pedir también a la judicatura? La Administración de Justicia tiene que aplicar la legalidad, pero ésta es flexible y debe ser un instrumento de paz. Debemos manejar la ley de modo que permita avanzar hacia la paz; de hecho, la ley se hace para que la gente no pelee. Y posiblemente haya leyes que deban ser cambiadas.

P. ¿Por ejemplo?

R. La ley de Partidos pudiera tener que actualizarse.

P. ¿Cómo puede hacerse esa contribución con las decisiones judiciales, sin entrar a hacer política con ellas?

R. Ni partidos ni jueces podemos soslayar la legalidad emanada de la soberanía popular. Cómo se dará la flexibilidad de normativas anteriores, cómo será el cumplimiento de la legalidad buscando esa finalidad de paz no va a ser del gusto de todos. Está a la vista que un mismo juez es hoy alabado y mañana vilipendiado por los mismos, según les guste o no cada resolución.

P. ¿Puede un tribunal decirle a un gobernante con quién puede verse y con quién no?

R. No, salvo que la reunión sea para cometer un delito, pero me parece muy difícil considerar delictivo reunirse con alguien con el fin de buscar la paz, porque es al revés: se evitará delictividad futura.

P. ¿Y puede un Gobierno pedir al presidente de un Tribunal Superior de Justicia que acuda al Parlamento para explicar una cuestión jurisdiccional?

R. Tampoco. Estamos en las mismas: una resolución judicial que tiene repercusión política y a la que se da una respuesta que la sobrepolitiza,... Estamos en el círculo vicioso de antes.

P. La pretensión de que el presidente del Superior, Fernando Ruíz Piñeiro, acuda al Parlamento triangula el conflicto. Ya están los tres poderes. ¿Cree que acudirá?

R. No puede contestar a lo que le preguntan, porque es una cuestión jurisdiccional y él sólo puede hablar de asuntos organizativos y de política judicial. Sin embargo, a mí me gustaría que fuese, aunque sea para decir que no puede responder.

P. ¿Estamos entonces ante una especie de espiral acción- reacción, en un pulso...?

R. ...De ver quién puede más. Sí, y creo que es algo calculado, aunque ninguno sepa hasta dónde se va a atrever el otro ni dónde vas a llegar con tu siguiente paso.

P. ¿Busca esto impedir la anunciada reunión de Patxi López con Batasuna?.

R Creo que ese encuentro no se va a impedir digan lo que digan. Puede que quieran que sea un aviso, pero si recientemente se ha dictaminado que no fue delito la entrevista de Carod con ETA, no veo cómo puede serlo esto otro. Me parece muy grave que por la ilegalización de un partido sus miembros sean considerados todos como unos muertos civiles.

P. ¿Cree que hay una dirección política detrás de las asociaciones y grupos que mueven estas querellas?

R. En algunas, sí. Yo ya no sé cuál es cuál de tantas como hay, pero muchas actuaciones no parece que estén en esa línea de lealtad al proceso de paz a la que me refería antes.

P. Resolver la cuestión de los presos se prevé muy difícil.

R. El proceso total será complejo, pero hay que abordarlo, haciéndolo poco a poco. Serán primero traslados de gente no conflictiva, terceros grados o excarcelaciones de quien va a salir dentro de poco, quieras o no, porque la gente va cumpliendo sus penas. Si empezamos por ahí, los propios resultados de eso nos indicarán los pasos siguientes. Lo que no se puede hacer es un folio diciendo así y así, y en tantos años. Los pasos difíciles vendrán determinados por los que se den al principio.