Vísperas catalanas
LOS CIUDADANOS CATALANES manifestarán hoy su conformidad, desacuerdo o indiferencia hacia el nuevo Estatuto, una norma pactada entre las Cortes generales y la Asamblea autonómica a través de una ponencia paritaria integrada por representantes de ambos Parlamentos. La abstención registrada y los porcentajes de votos a favor o en contra del proyecto serán los argumentos centrales de la campaña de las elecciones autonómicas anunciadas para el próximo otoño. Será difícil, sin embargo, proyectar de manera fiable los resultados de hoy sobre los futuros comicios. Los bloques del sí y del no están apadrinados por partidos rivales, que se pelearán entre sí para apoderarse de las buenas noticias llegadas de las urnas y rebotar los disgustos sobre los competidores. La transversalidad ideológica del voto -liberado de la disciplina partidista- en los referendos permite el regreso de los electores a sus viejas lealtades en los comicios ordinarios. La abstención no ha sido recomendada por ningún partido, a diferencia de la suicida consigna impartida por los centristas en el referéndum autonómico andaluz de 1980; sin embargo, el recuerdo de la participación catalana en la Constitución de 1978 (67,9%) y el Estatuto de 1979 (59,3%) servirá de vara de medir en las polémicas.
La diferencia con el nivel de participación registrado en el referéndum del Estatuto de 1979 y los porcentajes de los votos a favor y en contra serán la vara de medir de la consulta de hoy
Si se registrase un aumento significativo de la abstención, el menor apoyo social obtenido por el nuevo texto en comparación con el Estatuto de hace 27 años sería enarbolado contra las tres formaciones -PSC, CiU e ICV- prescriptoras del sí; en cambio, los dos partidos defensores del no -ERC y PP- tratarían de colonizar el equívoco territorio de la abstención para anexionarlo a su frente del rechazo. Aunque la Junta Electoral Central llegó a prohibir la campaña lanzada por la Generalitat para promover la participación ciudadana, esa interdicción llegó con retraso y ha sido además parcialmente incumplida por el Gobierno catalán mediante triquiñuelas icónicas; si la normativa electoral excluye el carácter obligatorio del voto, parece lógico concluir que el reconocimiento legal del derecho de sufragio incluye la posibilidad de no ejercerlo.
La prolongada tramitación del proyecto estatutario en los dos Parlamentos, y las sustanciales modificaciones de sus contenidos a través de un mareante proceso negociador, han contribuido a sembrar el cansancio y el desconcierto en el electorado. La convergencia desde posiciones diametralmente alejadas de los populares y los republicanos para asumir un objetivo común ha confundido a sus bases sociales, acostumbradas a definirse en términos de oposición mutua y obligadas ahora a yacer juntas en una coalición negativa: ¿obedecerán los votantes del PP y de ERC (que sumaron más del 31,4% de los sufragios en las legislativas de 2004 en Cataluña) las instrucciones de sus respectivos partidos? El brusco viraje de los republicanos desde el inicial apoyo entusiasta a la propuesta estatutaria hasta la furiosa hostilidad contra la versión definitiva ha sobresaltado también a su clientela. Y el ofrecimiento de Piqué para formar Gobierno de coalición con CiU a la sombra del nuevo Estatuto, después de las elecciones del otoño, pone al descubierto que la supuesta resistencia heroica del PP para impedir la quiebra de España es un cínico numantinismo de cartón-piedra.
Las tentativas de agresión física y las intimidaciones verbales sufridas por dirigentes del PP a manos de independentistas radicales -opuestos igualmente al Estatuto- transmiten a la pinza del frente del rechazo un aire todavía más surrealista. Esos preocupantes episodios constituyen, por lo demás, un serio aviso sobre la peligrosa deriva que la irresponsable infravaloración de tales amenazas implicaría para la salvaguardia de las libertades personales, civiles y políticas; las explicaciones sobre el origen de los incidentes dadas por algunos portavoces suenan al tipo de justificaciones que desplazan la culpa desde los agresores a los agredidos. La Anti-España construida por los ideólogos de la ultraderecha como futuro hogar de la izquierda democrática sería el ominoso espejo de la Anti-Cataluña preparada para los 620.000 catalanes que votan al PP.
