Hernando pide delimitar las funciones del Supremo y el Constitucional

El presidente del Tribunal Supremo, Francisco José Hernando, reclamó ayer la intervención del Legislativo para separar las competencias del Supremo y del Constitucional y evitar los "frecuentes conflictos que se registran entre los dos tribunales de mayor ámbito del Estado". Hernando presentó la memoria del Tribunal Supremo correspondiente a 2005, de la que destaca la reducción de un 12% del número de asuntos pendientes.

El presidente del Supremo expresó su preocupación por la "insuficiente delimitación" de las competencias del Supremo y el Constitucional, que genera "situaciones confusas, gravemente perjudiciales para el Estado y que genera intranquilidad en la sociedad". Durante la presentación de la Memoria de 2005, Hernando insistió en que el Legislativo "debe asumir el reto de trazar la línea que deslinda los ámbitos" de ambos tribunales.

Los conflictos entre el Supremo y el Constitucional se prolongan desde hace años y tuvieron su punto álgido en la condena de 11 magistrados constitucionales por la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo. Aunque actualmente el nivel de enfrentamiento se ha reducido, periódicamente surgen encontronazos como los ocurridos recientemente con la prescripción de los delitos o la jurisdicción universal para investigar el delito de genocidio.

Preguntado por las novedades que contiene el proyecto de reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional para remediar esa situación, Hernando consideró "insuficiente" la declaración de nulidad que el Constitucional podrá adoptar para preservar su jurisdicción. El precepto, según el presidente del Supremo, "da lugar a zonas confusas en que unas veces nos solapamos nosotros y otras veces ellos", por lo que reiteró el llamamiento al legislador para que aborde la separación de asuntos de una forma "más directa e inmediata".

En la Memoria, la propia Sala Penal del Supremo aborda el "alto grado de discrepancia" que ha mantenido con el Constitucional en asuntos de interrupción de la prescripción, delito fiscal y jurisdicción universal, de forma que las relaciones con el Constitucional es la cuestión de mayor relevancia que tiene planteada.

Hernando subrayó en otro momento la necesidad de que el Supremo cuente con autonomía presupuestaria, ya que ahora depende del Ministerio de Justicia y pretende equipararse en este aspecto a los tribunales extranjeros y al Constitucional.

Sin embargo, agradeció al ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, el "esfuerzo presupuestario" que ha permitido adscribir letrados al Tribunal Supremo para disminuir la bolsa de asuntos pendientes, lo que permitirá al alto tribunal ponerse al día hacia el año 2008.

En la presentación de los datos de la Memoria, el presidente del Supremo destacó la reducción de un 12 % en el número de asuntos pendientes. Al comenzar el año 2005, el alto tribunal tenía en espera para ser tramitados 48.536 asuntos, y al concluir, se había reducido a 42.651, lo que implica que se resolvieron el equivalente a los 23.730 asuntos que entraron en 2005 y otros 6.000 de los que estaban pendientes.

Hernando mostró también su satisfacción por el hecho de que todas las salas del Tribunal Supremo resolvieron más asuntos de los que entraron, a excepción de la Sala de lo Social, que mantuvo vacantes cinco plazas de magistrado durante ese año.

En ese sentido, el presidente de la Sala de lo Militar, Ángel Calderón, responsable de la elaboración de la Memoria, explicó que una de las principales necesidades del Supremo es el nombramiento de magistrados en el "mínimo tiempo indispensable". Calderón aludía así a los conflictos entre los dos sectores del Consejo General del Poder Judicial que mantuvieron bloqueados los nombramientos de magistrados del Supremo durante seis meses después de la reforma del sistema que elevó a mayoría cualificada los votos requeridos para un nombramiento. La plaza que el propio Calderón dejó vacante cuando fue nombrado presidente de la Sala de lo Militar llevaba un año sin haberse cubierto.

El presidente de la Sala de lo Militar criticó la insuficiencia de las instalaciones en un edificio "emblemático y protegido" pero "poco funcional". Sobre el particular, indicó que el 75% de los 103.000 volúmenes de la biblioteca están en depósitos fuera del Supremo por falta de espacio, lo que hace que libros jurídicos de actualidad sean de difícil consulta.