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El futuro de Cataluña

Saura pide un nuevo tripartito de izquierdas con fuerte presencia de ICV

La plana mayor de ICV-EUiA clausuró anoche en Santa Coloma de Gramenet la campaña del referéndum del Estatuto con la vista puesta en las elecciones del próximo otoño. El mensaje fue claro: mañana el vencerá estrepitosamente y se abrirá una etapa en la que será necesario un nuevo Gobierno de izquierdas para desarrollar las políticas progresistas del nuevo Estatuto y para cerrar las que han quedado interrumpidas por la ruptura del Ejecutivo tripartito. Y, a este fin, el líder de ICV, Joan Saura, consideró necesaria una "fuerte presencia" de su formación. Llamó a votar al Estatuto para "rematar" el trabajo hecho desde el nacimiento del Pacto del Tinell, para "cumplir" con las expectativas generadas en diciembre de 2003 y para ganar los comicios del próximo otoño.

"Somos nosotros los que hemos traspasado las líneas rojas del ministro Sevilla", lanzó Joan Boada

Saura y el coordinador general de EUiA, Jordi Miralles, estuvieron arropados por los portavoces ecosocialistas en el Congreso, Joan Herrera, y en el Parlamento catalán, Joan Boada, además de por los casi 300 seguidores que acudieron al Polideportivo Can Sisteré para recibir y despedir a los líderes rojiverdes con sonoros aplausos y serpenteando senyeres y banderas con los logotipos de la coalición.

El líder ecosocialista, que siempre se ha mostrado partidario de retomar la alianza de izquierdas, advirtió a Maragall de que un posible pacto poselectoral entre el Partit dels Socialistes (PSC) y Convergència i Unió (CiU) -la llamada sociovergència- no sería "neutro", sino claramente "de derechas". Para Saura, el retorno de la alianza entre PSC, ERC e ICV-EUiA es imprescindible y en este sentido consideró la presencia de su formación como "decisiva" en el Gobierno de la Generalitat. Boada minimizó los recortes que sufrió el texto estatutario en su trámite en las Cortes, rechazó la "generosidad" y clamó: "Somos nosotros los que hemos traspasado las líneas rojas del ministro Sevilla".

A dos días de la cita de los catalanes con las urnas para ratificar el Estatuto, la familia rojiverde se mostró convencida de la victoria del sí, tal y como auguran todas las encuestas y, con relación al desarrollo de la campaña, confesaron acabar "contentísimos" tras haber arrancado "contentos". La coalición ha centrado la campaña del referéndum en transmitir a su electorado mensajes en positivo y de explicación de los contenidos del Estatuto, poniendo el acento en la impronta ecosocialista del texto, el Título I sobre Derechos y Deberes de la ciudadanía.

Saura certificó la victoria del y aprovechó el acto para hacer una última llamada al electorado de Esquerra Republicana (ERC) para que se replantee su voto negativo pues, a su juicio, resulta "incoherente" votar no desde posiciones catalanistas y de izquierdas. Incluso fue más allá y pidió a los que votarán no el próximo domingo que ni siquiera se tomen las molestas de acudir mañana a las urnas.

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Los dardos ecosocialistas se dirigieron, como es habitual, hacia los dirigentes del Partido Popular (PP). Miralles, en alusión a la película de Alejandro Amenábar, dijo que los populares habían sido "los otros" en la campaña electoral. Tanto a su dirección nacional, encarnada en Mariano Rajoy, Eduardo Zaplana y Ángel Acebes, como también a Josep Piqué, "deberían retirarles los carnés de demócratas y parlamentarios", afirmó con dureza Miralles. Saura fue todavía más agresivo y emplazó a los catalanes a celebrar mañana la victoria del sí con una "gran cacerolada" contra el PP.

Los ecosocialistas reiteraron en su último acto una de sus frases recurrentes de campaña: "Si se conoce el Estatuto es imposible votar no, a excepción de la derecha cavernícola, rancia y reaccionaria", en alusión al PP. Y ayer, en un municipio de "trabajadores" y de población de procedencia diversa, Saura recordó que tanto PP como CiU apuestan por la sanidad y la educación privadas, mientras que el Estatuto insta a las administraciones a fomentar los servicios públicos, garantiza una renta mínima y pensiones para la tercera edad, traspasa competencias laborales y de inmigración a la Generalitat y amplía los derechos sociales.

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