Un informe dictamina incompatibilidades en cinco vocales de la gestora de Marbella

La actividad privada de los miembros de la comisión gestora de Marbella vuelve a estar en tela de juicio. Un informe de la comisión de asesoramiento técnico, creada por la Diputación de Málaga para dar apoyo jurídico a la gestora, estima que cinco de sus integrantes, entre ellos el presidente, Diego Martín Reyes, incurren en incompatibilidades debido a sus empleos privados. "Se ha exagerado el rigor de la ley en el dictamen. La realidad es excepcional y no puede ser tratada como si fuéramos alcaldes y concejales electos en un procedimiento normal", criticó Martín Reyes.

El dictamen no es vinculante y será el pleno de la gestora el que decida el próximo día 30 sobre las solicitudes de compatibilidad presentadas por cinco vocales ante la comisión de asesoramiento técnico en mayo. El informe de la comisión, presidida por el letrado Francisco González Palma, ha basado su criterio en la Ley 53/84 referida a las incompatibilidades de los funcionarios, así como en el artículo 75 del reglamento de organización y funcionamiento de las Administraciones Locales que remite a dicha ley.

Todo indica que los 16 vocales seguirán el dictamen de esta comisión en el próximo pleno, lo que obliga a los cinco vocales afectados a optar durante los diez días posteriores a la votación entre sus obligaciones profesionales y su puesto en la gestora. En esta disyuntiva estarían Diego Martín Reyes, presidente de la comisión; el vocal de Urbanismo, Rafael Duarte; el de Juventud y Deportes, Eduardo Zorrilla; además del ingeniero Luis Cepedano, vocal de Obras y el arquitecto Jorge Chacón, vicepresidente primero y teniente de alcalde de San Pedro Alcántara. Los abogados Martín Reyes y Duarte fueron propuestos por el PSOE, mientras que el letrado Eduardo Zorrilla fue designado por IU. El PP propuso a Cepedano y Chacón.

De los tres letrados afectados, dos (Duarte y Zorrilla) se decantarán por mantenerse en la gestora, mientras que el presidente, Diego Martín Reyes, medita aún su decisión: "Mi corazón está por quedarme aquí. Esto me obliga a poner mi despacho a cero y dejar todos los asuntos que llevo. Pero no me parece acertado el dictamen". El presidente criticó la severidad aplicada por la comisión, después de alegar que ninguno de los asuntos judiciales que representa su despacho afecta al municipio de Marbella, y que su actuación como letrado se limitaría a los actos en que estuviera obligado a personarse. El vocal de Urbanismo, Rafael Duarte, que asesoró a diversos municipios de la Costa del Sol en convenios urbanísticos, señaló que esperaba este dictamen y aclaró que se inclina por permanecer en la gestora: "No me coge de sorpresa. Ahora no llevo ningún asunto vivo y he dejado toda actividad profesional". Zorrilla, vocal de Juventud y Deportes, criticó el informe emitido pero apuntó que renunciará a sus últimos juicios pendientes: "Es una interpretación restrictiva pero entra dentro de lo esperable. Para mí supone un coste enorme porque me supone empezar de cero como abogado dentro de un año".

La resolución séptima del dictamen atañe a los vocales propuestos por el PP, el ingeniero Luis Cepedano y el arquitecto Jorge Chacón. Cepedano, que dirige una empresa con 28 empleados, mostró su disconformidad: "El dictamen no tiene en cuenta las excepcionales circunstancias, porque esto sólo tiene un año de vida y no podremos reengancharnos tras mayo de 2007". Chacón se sumó a las críticas: "No puedo borrar de un plumazo mi pasado, y nuestro comportamiento hasta ahora ha sido escrupuloso con la ley".