Vizcaya exigirá un aval de "cientos de millones" si se anula el peaje en la A-8

La Diputación de Vizcaya exigirá a los tribunales que el PP presente un aval de "varios cientos de millones de euros" si se ejecuta provisionalmente la sentencia que anuló la norma reguladora de los peajes en el tramo vizcaíno de la autopista A-8. El diputado general José Luis Bilbao se preguntó "quién repone" en ese caso los 30 millones de recaudación anual, si el Supremo da la razón a la Diputación.

Bilbao criticó con dureza la decisión de los populares de facilitar un modelo de recurso a los usuarios vizcaínos para su presentación ante la Diputación o la sociedad foral Interbiak, encargada de la gestión de la A-8, con el fin de que reclamen el dinero cobrado desde junio de 2003, cuando las instituciones forales se hicieron cargo de la concesión de la autopista. "Es demagógica, insolidaria e irresponsable y crea unas expectativas que no van a resultar".

José Luis Bilbao opinó que esta "campañita de tres al cuarto" supone una tomadura de pelo para los ciudadanos y recordó que una directiva comunitaria, aprobada en marzo, contempla que los peajes se dediquen a nuevas inversiones en infraestructuras, lo que también ha sido rebatido por el PP. Aseguró que el canon "no es una cabezonería" y que la Diputación tiene "soporte jurídico más que suficiente" para que el Tribunal Supremo desestime la sentencia dictada el pasado 28 de febrero por el Tribunal Superior del País Vasco.

En este fallo se consideraba "contrario a derecho" que el dinero recaudado con los peajes se destinase a otras obras en carreteras y no sólo al mantenimiento de la A-8.