Ventriloquía política

La concentración organizada el pasado sábado en Madrid por la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) con el decisivo apoyo logístico del PP movilizó a 200.00 asistentes bajo la bandera de dos consignas inextricablemente fusionadas: la reapertura de la investigación sobre el atentado terrorista del 11-M ("Queremos saber la verdad") y el rechazo a los contactos del Gobierno con ETA para conseguir un final dialogado de la violencia ("Negociación, en mi nombre, no"). El indisoluble matrimonio formado por esos dos planteamientos -referidos a cuestiones heterogéneas separadas por el tiempo- daría motivo a la extrañeza si no desempeñase una función crucial dentro de la estrategia desestabilizadora de las instituciones democráticas diseñada por la belicosa ala dura de los dirigentes populares y por sus portavoces mediáticos disfrazados de periodistas de investigación. El propósito de tan peregrino emparejamiento es afirmar la existencia de una férrea relación causal entre la matanza de los trenes de la muerte, por un lado, y el inicio del final dialogado de la violencia, por otro: de esta manera, el Gobierno y el Congreso de los Diputados -cuya resolución del 17 de mayo de 2005 autorizó al Ejecutivo a dar ese paso- quedarían privados de legitimidad política y moral para emprender ese camino.

Las concepciones conspirativas de la historia no sólo niegan las evidencias y manipulan los datos a fin de poder cuadrar los hechos así retorcidos con sus visiones paranoicas, sino que también descargan sobre los observadores la tarea de demostrar -de acuerdo con las técnicas inquisitoriales de la probatio diabolica- la falsedad de tan disparatadas conjeturas. En este caso, la deletérea fabulación presenta a Zapatero como un avieso cómplice o un cobarde rehén de ETA que se dispondría a pagar la deuda de sangre contraída con sus mortíferos acreedores: la banda terrorista, responsable del diseño y tal vez de la perpetración de un atentado atribuido falsamente al fundamentalismo islamista para que el PSOE ganara las elecciones, pasaría ahora al cobro la factura del crimen que entregó al presidente del Gobierno las llaves de La Moncloa.

Aunque los forjadores de esa extravagante invención no estén seguros de que los socialistas participaran en la matanza por medio de terminales infiltrados en los cuerpos de seguridad o se limitaran a conocer de antemano los planes y no denunciarlos, afirman sin vacilación que el Gobierno está impidiendo el esclarecimiento del atentado del 11-M: a sus decisiones e interferencias se debería que la comisión parlamentaria quedara cerrada en falso, las investigaciones policiales hayan sido manipuladas y las actuaciones de la fiscalía y de la Audiencia Nacional combinen la incompetencia con la prevaricación. Fiel a ese espíritu, la feroz campaña desatada por los medios de comunicación afines al PP contra el actual juez instructor, Juan del Olmo, persigue el objetivo dilatorio de conseguir la nulidad de las actuaciones y el reinicio desde cero del sumario.

Si este grotesco embeleco hubiese sido avalado únicamente por el pintoresco presidente de la AVT, sólo cabría lamentar de nuevo que los deudos de las personas asesinadas por el terrorismo afiliados a esas siglas tengan como portavoz a ese desabrido orate; la última charlotada de Francisco José Alcaraz es el intento de vetar el regreso de Garzón a la Audiencia Nacional. Ocurre, sin embargo, que la plana mayor de los dirigentes populares ocupó un lugar destacado en la concentración organizada a la sombra de la consigna sobre el 11-M; su presidente reconoció picaronamente en la radio amiga de los obispos la contribución determinante del PP al éxito de las movilizaciones de la AVT: queda por averiguar cómo se reparten Alcaraz y Rajoy los papeles de ventrílocuo y de muñeco en la función. Al acto asistieron el secretario general del PP, Acebes, y el secretario de Libertades Públicas, Seguridad y Justicia, Astarloa: esto es, las dos máximas autoridades del Ministerio del Interior durante el día del atentado y las cinco semanas transcurridas entre el 11-M y la constitución del nuevo Gobierno. Tal vez el presidente de la AVT termine por incluir dentro de su chiflada lista de sospechosos a quienes tuvieron la responsabilidad política de prevenir -infructuosamente- el atentado y de anunciar -al parecer en falso- la detención o el suicidio de sus autores.