Una red de expoliadores buscaba navíos hundidos con metales preciosos

La documentación requisada en las dos fases de la operación Bahía, desarrollada por la Guardia Civil contra el expolio arqueológico en aguas de Cádiz, ha permitido descubrir que los cazatesoros buscaban principalmente cuatro barcos que se hundieron entre los siglos XVI y XVII cargados de metales preciosos. En el dispositivo, fueron incautados sofisticados medios de rastreo de los fondos marinos.

El Centro de Arqueología Subacuática de Cádiz (CAS), dependiente de la Junta, reclama al juez encargado del caso la cesión de estos medios actualmente depositados en el juzgado. Para que los avances de los expoliadores sirvan ahora para futuras investigaciones.

La Guardia Civil y el CAS presentaron ayer los resultados de esta operación en la sede del centro arqueológico, en el balneario de la Palma de la gaditana playa de la Caleta. "Los expoliadores trabajaron en diferentes zonas del litoral de Cádiz y Huelva pero ahora sabemos que tenían unos objetivos principales, barcos naufragados con cargamento de oro y plata", explicó ayer la delegada de Cultura en Cádiz, Bibiana Aido.

Esos navíos en los que centraron sus esfuerzos son cuatro: la urca (embarcación grande y ancha) Nuestra Señor de la Victoria y el galeón San Francisco Javier, ambos naufragados el 19 de septiembre de 1655 en Cádiz tras un combate librado contra una escuadra inglesa a su regreso de América; y las naos Santa Cruz y La Vera Cruz, naufragadas en 1555 y 1656, cerca de Conil (Cádiz) con cargamentos de metales preciosos traídos desde las colonias americanas.

Según esta documentación y los equipos de posicionamiento GPS se ha podido descubrir que los expoliadores llevaban trabajando en aguas de Cádiz desde agosto de 2004, sin autorización de la Junta de Andalucía, aunque sí contaban con permisos de Costas. Según las investigaciones, los cazatesoros se apoyaban en empresas legales constituidas en terceros países. Pedían solicitudes para buscar sedimentos marinos pero su objetivo era saquear los fondos marinos. "No buscaban recuperar estos pecios sino venderlos a sociedades tapadera para enriquecerse", concretó Aido.

Por esta operación, hay 10 detenidos, que permanecen en prisión, y dos imputados. Era una red internacional. Su presunto cerebro era un estadounidense que fue detenido en Lisboa. Había también un historiador italiano que residía en Sevilla y un submarinista de Algeciras. Además ha habido arrestos en Ciudad Real, Madrid y Murcia. El subdelegado del Gobierno, Sebastián Saucedo, atribuyó a la "cultura anglosajona" este tipo de prácticas. "En España existe una normativa muy estricta sobre patrimonio histórico que no hay en otros países", aseguró.

Entre los elementos requisados, hay anclas y municiones, que se están analizando y que permanecen sumergidas en cubas con agua salada para evitar su destrucción. Se cuida con especial mimo un saquete de metralla, que se considera valioso porque ha aparecido completo y con la tela que la cubría. La directora del CAS, Carmen García, explicó que las piezas encontradas no se pueden evaluar económicamente porque su principal valor es el histórico. "Lo que se encuentra importa en función de su contexto. Si se elimina ese contexto, se pierde información fundamental y el daño ya está hecho". Anunció que su departamento analizará toda la documentación requisada y reclamó al juez del caso que el centro se pueda hacer cargo de los sofisticados medios intervenidos, entre ellos un robot de filmación submarina por control remoto con capacidad para trabajar a una profundidad de 500 metros.

El Instituto Patrimonio Histórico ha creado en su página web (www.iaph.junta-andalucia.es) el servicio SOS con el objetivo de agilizar denuncias y notificar hallazgos casuales.