Atutxa recusa a dos de los jueces del Supremo que deben revisar su absolución por no disolver el grupo de Batasuna
El ex presidente del Parlamento vasco Juan María Atutxa y los integrantes de la Mesa en la pasada legislatura Gorka Knörr y Kontxi Bilbao, han recusado a dos de los cinco magistrados de la Sala Penal del Tribunal Supremo encargados de examinar el recurso del sindicato Manos Limpias contra la sentencia que les absolvió de un delito de desobediencia por no haber disuelto el grupo parlamentario de Batasuna.
Los magistrados recusados son Luis Román Puerta Luis y José Manuel Maza Martín, y el intento de apartarles del tribunal que verá el recurso de Manos Limpias obedece a que ambos formaron parte de la Sala Especial el Tribunal Supremo encargada de aplicar la Ley de Partidos, y firmaron
la sentencia que en 2003 ilegalizó a Batasuna y ordenó disolver su grupo parlamentario. Luis Román Puerta era en aquella fecha presidente de la Sala Penal del Supremo y José Manuel Maza, el magistrado más moderno de la misma, y ambos formaron parte de la Sala Especial según las previsiones legales.
Los otros tres magistrados que forman el tribunal que examinará el denominado caso Atutxa son el actual presidente de la Sala Penal, Juan Saavedra, Siro García y Julián Sánchez Melgar, que será el ponente de la sentencia.
La vista del recurso está señalada para el próximo día 21, pero puede verse afectada si para entonces no está resuelto el incidente de recusación, según indicaron fuentes del Supremo. Ayer mismo dio comienzo el plazo de tres días para alegaciones, y posteriormente tendrán que informar los magistrados recusados.
Frente a las reiteradas indicaciones del Tribunal Supremo para que la Cámara disolviera el grupo parlamentario de Batasuna, Sozialista Abertzaleak, Atutxa, Knörr y Bilbao adujeron dificultades de tipo reglamentario y de soberanía de la Cámara vasca.
El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco no entró a valorar si los acusados cometieron delito de desobediencia al Tribunal Supremo al estimar que sus actuaciones estuvieron amparadas por la inviolabilidad parlamentaria y por tanto, no tenía capacidad para juzgar el supuesto delito del que fueron acusados.
La absolución del Tribunal Superior vasco fue recurrida por el sindicato Manos Limpias, frente al criterio del Ministerio Fiscal, que inicialmente había formado parte de la acusación pero después pidió la absolución por falta de jurisdicción.
El enfrentamiento entre el Supremo y el Parlamento de Vitoria se prolongó entre abril y octubre de 2003 y fue uno de los más intensos entre las instituciones vascas y el Gobierno central durante el mandato de Aznar, junto a la prolongación de la Ley de Partidos y el plan Ibarretxe.
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