Siniestro GRAPO residual

Fue condenado a más de 100 años de cárcel hace tres décadas por varios asesinatos, entre otros el del director general de Instituciones Penitenciarias, Jesús Haddad. Cumplió 20 de prisión y, puesto en libertad, volvió a la clandestinidad y, según la policía, también a matar, al menos a la empresaria Ana Isabel Herrero en Zaragoza, en febrero pasado. Juan García Martín, el terrorista detenido ayer en Reus por la Guardia Civil y considerado como el máximo dirigente del GRAPO, es un siniestro personaje de ese grupúsculo criminal residual que desde hace tres décadas causa un dolor tan insistente como absurdo a la sociedad española. Si cuando nació eran ya política e ideológicamente demenciales la organización, su discurso y sus objetivos, hoy los andamiajes políticos de los delincuentes que siguen actuando bajo su nombre son sencillamente esperpénticos.

García Martín fue localizado y arrestado con dos cómplices, Carmen Cayetano Navarro y María Aranzazu Díaz Villar, y lo fueron todos en la calle de la Amargura, número 39 -cabe pensar que la dirección no podía ser otra-. Estaban preparando "acciones con fines económicos", es decir, atracos y robos, se supone que para prolongar una patética subsistencia que carecería de relevancia social si no fuera porque provoca tragedias como la desaparición de Publio Cordón o la muerte de Ana Isabel Herrero.

Los españoles hemos oído hablar tantas veces de la última y plena desarticulación del GRAPO como de su reaparición, con la reivindicación más o menos fantasma de delitos comunes violentos. Esperemos que esto se haya acabado de verdad. Aunque alguien pueda alarmarse con palabras como las del secretario de Estado del Interior, Antonio Camacho, que hablaba ayer de las detenidas como "responsable del aparato interno" y de "relaciones internacionales". Parece excesivo atribuir a estos personajes tan solemnes tarjetas de visita.