Una pieza clave para la modernización de las Administraciones

Si el protagonista del famoso relato de Larra titulado Vuelva usted mañana acudiera en la actualidad a la Administración Pública española, cambiaría, sin duda, su opinión, con respecto a su funcionamiento y la actitud de los empleados públicos en el desempeño de su trabajo, pues en estos últimos tiempos han ido evolucionando, evidentemente, a mejor.

Efectivamente, reforma tras reforma, las Administraciones Públicas se han adaptado, progresivamente, aunque muy lenta y parcialmente, a las demandas de la sociedad actual.

La introducción de las nuevas tecnologías; la simplificación de trámites y procedimientos a la hora de relacionarse con los ciudadanos; la puesta en marcha de planes y programas formativos negociados con los sindicatos más representativos, tendentes a profesionalizar a los empleados públicos; la reciente puesta en marcha, previo acuerdo con la UGT, del denominado Plan Concilia para compatibilizar la vida personal y laboral; etc., así lo ponen de manifiesto. Pero en todo caso, aún siendo reformas importantes, no dejan de suponer cambios muy puntuales y parciales.

Sin embargo, una de las reformas más necesaria (no en vano es un mandato constitucional), la relativa a regular y actualizar el marco legal de las relaciones y condiciones de trabajo de los empleados públicos, no terminaba de contar con la voluntad del Gobierno de turno para llevarla a cabo, hasta tal punto que, todos los antiguos presidentes del Gobierno de la democracia (todos excepto el anterior, que nunca creyó ni creerá en "lo publico"), han coincidido en reconocer entre sus posibles "fracasos", el no haberlo, siquiera, intentado.

Pues bien, han tenido que transcurrir casi 28 años desde la promulgación de la Constitución Española para que, en el marco del Diálogo Social abierto en el seno de las Administraciones Públicas con el actual Gobierno, se de respuesta, ¡¡¡por fin!!!, a la necesidad comentada, en virtud del Anteproyecto de Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, cuyo contenido ha sido consensuado entre el Gobierno y los sindicatos más representativos en las Administraciones Públicos, entre los cuales se encuentra la UGT.

Una iniciativa que de aprobarse (y desde aquí, con el máximo respeto, invitamos al conjunto de Grupos Parlamentarios a que hagan todo lo posible para que el Estatuto vea la luz), significará, ni más ni menos, la definitiva consolidación de la democracia en las relaciones laborales de las Administraciones Públicas, pues se estará dando cumplimiento, insisto, a una parte de la Constitución, estableciendo unas condiciones de trabajo comunes para los dos millones y medio de empleados públicos, derogando en muchos casos, normas preconstitucionales.

En la UGT hemos sido pioneros, y así lo demuestran las resoluciones de todos nuestros Congresos, a la hora de exigir la elaboración de un Estatuto que sirviese para cambiar las condiciones de trabajo de los empleados públicos, con el objetivo de democratizarlas, sindicalizarlas, y por lo tanto, mejorarlas, adaptándolas a la realidad social, territorial y sectorial. Y todo ello persiguiendo un doble objetivo. Por un lado, la mejora y ampliación de los Servicios Públicos que el ciudadano debe recibir; y por otro, dignificar la situación socioprofesional de los empleados públicos.

En este sentido, en la UGT consideramos que no es osado afirmar que cualquier modernización de las Administraciones estará abocada al más absoluto de los fracasos, sino se progresa en todas aquellas cuestiones que afectan directamente a las condiciones de trabajo de sus empleados.

Por ello, que la UGT haya decidido avalar el Anteproyecto de Estatuto del Empleado Público, supone una garantía más que suficiente de que sus contenidos son muy positivos, y van a contribuir a una mejora sustancial de los empleados públicos, al facilitar un desarrollo específico en cada ámbito territorial y sectorial, respetando así los distintos niveles competenciales, y la jurisprudencia constitucional a cerca de qué debe entenderse por norma básica.

La progresiva equiparación entre los distintos tipos de personal existentes en la Administración; el establecimiento de mecanismos incentivadores del rendimiento; la concreción de medidas tendentes a eliminar la temporalidad; la clarificación de la estructura retributiva; la configuración de un auténtico derecho a la Negociación Colectiva; la fijación de criterios que van a facilitar la formación, carrera y promoción profesional; el desarrollo de unos derechos acordes a la realidad actual; la obligación para todas las Administraciones de coordinarse en materia de empleo público; la compilación en un solo texto de toda una normativa muy dispersa; etc; son razones más que suficientes para mostrarse muy satisfecho con el Anteproyecto de Estatuto.

En este mundo global en el cual estamos inmersos, no son habituales actitudes dirigidas a mejorar y potenciar los Servicios Públicos, más bien al contrario, por ello debemos congratularnos ante la posible aprobación del Estatuto del Empleado Público.

En la UGT creemos que nos encontramos ante una oportunidad histórica para situar definitivamente nuestras Administraciones Públicas a la altura de las necesidades de la sociedad del siglo XXI, que estamos, tal vez, al comienzo de una de las etapas más esperanzadoras, que es preciso seguir recorriendo para llegar a la cima del ideal que con respecto a las Administraciones Públicas y Servicios Públicos (modernas, eficaces, equitativos, de calidad, etc.), todos deseamos, porque como ya apuntó en su día Pablo Iglesias , "si bien es cierto que no todo lo que se afronta puede cambiarse, nada puede cambiarse hasta que se afronta".

Julio Lacuerda Castelló es secretario general de la Federación de Servicios Públicos (FSP) de la Unión General de Trabajadores (UGT).