La Generalitat pide un préstamo de 84 millones que habrá que pagar de golpe dentro de 30 años

La Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana (SPTVC) negocia un préstamo de 84 millones de euros a pagar en un solo plazo a su vencimiento dentro de 30 años, según reveló ayer Cristina Moreno, portavoz socialista de Economía en las Cortes Valencianas. Un portavoz de Hacienda evitó precisar detalles sobre la operación y se limitó a apuntar que los presupuestos de la SPTCV para 2006 recogen la operación. Moreno repasó los años de carencia de otros créditos a empresas públicas y denunció que el Consell "hipoteca" el futuro de la Comunidad Valenciana.

Una estimación elaborada por los miembros del Grupo Socialista a partir de los avales concedidos por la Generalitat a sus empresas públicas pone de manifiesto que a lo largo de los dos últimos ejercicios presupuestarios (2004 y 2005) los préstamos acumulados por siete empresas dependientes de la Administración ascienden a 1.032 millones de euros.

La inmensa mayoría tienen un periodo de carencia mínimo de cinco años durante los cuales no se amortiza capital y la Generalitat solo paga intereses. Tres préstamos están negociados para ser amortizadas en un solo pago en vencimientos pactados en 2014, 2015 y 2017 por un montante total de 188 millones de euros.

Pero Cristina Moreno reveló ayer que el Grupo Socialista en las Cortes Valencianas ha tenido conocimiento de que la SPTCV negocia un préstamo de 84 millones de euros a pagar en un solo plazo dentro de 30 años. La Generalitat concedió el aval correspondiente en diciembre de 2005 y ese ingreso "está previsto en los presupuestos", según explicó ayer un portavoz oficial de Hacienda.

Pero las condiciones del préstamo, "una auténtica barbaridad", en palabras de Moreno, "ponen en evidencia la situación real de las arcas de la Generalitat Valenciana y la irresponsabilidad financiera con que actúa el gobierno que preside Francisco Camps".

La SPTCV incluye entre sus objetivos estratégicos "el mantenimiento de las infraestructuras públicas ejecutadas" en torno al parque temático de Terra Mítica, en Benidorm, y la Ciudad de la Luz, en Alicante; "la finalización de las obras de infraestructuras en la Ciudad de la Luz"; obras del Aeropuerto de Castellón, el Centro de Ocio Mundo Ilusión, también en Castellón, y el Auditorio de Torrevieja.

Los objetivos para 2006 incluyen, además, "impulsar el inicio de las obras para el Museo de la FIFA, el Palacio de Congresos de Alicante y Benidorm, así como la Esfera Armilar", según recogen los presupuestos de la sociedad.

El balance de la SPTCV correspondiente a 2005 recoge unas deudas a largo plazo que ascienden a 519,4 millones de euros. El balance previsto al cierre de 2006 y aprobado en los presupuestos estima que las deudas a largo plazo de la SPTCV asciendan a 542,3 millones de euros a finales de 2006.

El objeto del préstamo de 84 millones que negocia la sociedad pública no está claro. Un portavoz oficial de Hacienda se limitó a comentar que la SPTCV "no recibe subvenciones directas y se financia a través de préstamos". Es posible que parte del capital corresponda a obligaciones ya asumidas cuyo pago se dilata en el tiempo, al margen de las posibles inversiones que acometa la sociedad a lo largo de este año.

Pero la portavoz socialista de Economía insistió en apuntar a la forma más que al fondo. "El destino de los 84 millones es lo de menos", reiteró, "lo tremendo es que se negocie el vencimiento a 30 años vista, con lo que se hipoteca el futuro de nuestros hijos y nietos".

Los plazos de carencia acordados para todos los créditos concedidos a empresas públicas de la Generalitat en 2004 y 2005 implican que a lo largo de la próxima legislatura, entre 2007 y 2011, se tendrán que amortizar 661 millones de euros, pero otros 371 quedarán pendientes para legislaturas posteriores.

Moreno recordó que la estimación elaborada por los socialistas es parcial, puesto que corresponde a las deudas asumidas en los "dos primeros años completos de gestión de Francisco Camps", y pidió transparencia financiera a Hacienda para que "el próximo gobierno no deba esperar a llegar a la Generalitat para conocer el estado de sus cuentas".