RTVE, nuestra doble alma escindida

Las promesas del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero sobre la regeneración del servicio público de RTVE se han concretado ya en la Ley de la Radio y la Televisión de Titularidad Estatal, aprobada por el Congreso de los Diputados el pasado 11 de mayo, que se reclama en su preámbulo de "las principales propuestas" del Informe del Consejo para la Reforma.

Ciertamente, hay en el texto aprobado algunos cambios relevantes respecto al dictamen del Consejo, como el incremento de consejeros o el nombramiento del presidente de la Corporación RTVE por una mayoría reforzada del Congreso, en lugar de ser elegido por el Consejo de Administración tras un concurso público, como proponía el Informe para asegurar la profesionalización y prevenir la dinámica militante en la gestión del servicio público; pero se trata de opciones propuestas o apoyadas también por los grupos parlamentarios minoritarios, que evidencian un determinado estado de conciencia política. En todo caso, la elección parlamentaria por mayoría reforzada supondrá un notable avance en la autonomía de RTVE respecto de los Gobiernos, el mal endémico de la democracia española. Y la nueva ley coincide en muchos aspectos sustanciales con las propuestas del Consejo: definición integral del servicio público, acuerdos-marco a medio plazo y contratos programas trianuales que fijen las misiones comprometidas, consejos y estatutos de informativos, consejos asesores operativos, modelo financiero con aportación pública estable y dominante.

Otras lagunas graves del inicial proyecto de ley fueron en buena medida paliadas en el Senado gracias a las enmiendas transaccionales promovidas por los principales sindicatos. De esta forma, se estipula que el servicio público contará con la estructura territorial necesaria para la adecuada prestación del servicio público, para proveer de contenidos regionales a la realidad estatal y desarrollar la cohesión interterritorial; y se dispone que la producción propia abarcará la mayoría de los programas difundidos en las cadenas generalistas, prohibiendo la externalización de los servicios informativos y los demás contenidos contemplados en el acuerdo-marco. Con esos retoques importantes, la Ley puede significar la más importante transformación democrática del servicio público estatal desde 1980.

Sin embargo, a la espera de otros dos proyectos legales vitales para la reforma del audiovisual, el de creación de una alta autoridad del sector y el de ley general del audiovisual, el debate público continúa centrado en los planes de la SEPI, que amenazan con oscurecer e incluso anular en buena medida la trascendencia de la reforma legal emprendida. Todo ello apoyado en una ley de Presupuestos, un organismo sin experiencia ni sensibilidad por el servicio público ni la cultura y un proceso extraparlamentario que el PSOE criticó duramente desde la oposición.

Aunque desveladas a trozos, parecen muy dudosas las bases del plan de la SEPI, refugiadas en el know how secreto de dos consultoras privadas, y justificadas en comparaciones internacionales nunca concretadas y en fuentes estadísticas desconocidas. Formalmente, el "plan de saneamiento" se limita a determinar que RTVE "requiere" unas cifras brutalmente más bajas de empleados que las del servicio público en todos los grandes países europeos. Pero, para llegar a este punto, explicita que se está diseñando un modelo de servicio público, la oferta de la "Nueva RTVE", con porcentajes de emisiones infantiles, culturales o de informativos; es decir, la tarea encomendada legalmente a los contratos programa que deben ser aprobados por el Gobierno y el Parlamento.

Aunque se sigue agitando el fantasma de la deuda acumulada, fruto de la desidia gubernamental durante 15 años y cuya asunción por el Estado ha sido mil veces prometida, no hay ningún modelo financiero en los documentos presentados; más allá de la finalidad única de disminuir las subvenciones estatales y de maximizar la publicidad futura multiplicando los spots emitidos, justamente lo contrario de lo que el Informe del Consejo recomendaba para evitar la distorsión de una programación de servicio público.

La vía preferente del plan de "futuro" para reducir la plantilla de empleados es la jubilación anticipada indiscriminada, sin atención a categorías ni a necesidades de la empresa, exactamente el camino al que el Informe del Consejo pedía renunciar, al vaciar a una empresa de sus creadores y profesionales de mayor experiencia y valía. Más chocante aún es la obsesión de la SEPI por centrar en buena medida la dura disminución de empleo sobre la reducción de los centros territoriales a simples corresponsalías informativas, abandonando toda otra producción de programas, con una concepción subsidiaria de RTVE respecto a los canales autonómicos e incluso locales absolutamente contradictoria con la nueva ley y con el Informe del Consejo. Porque éste, en coincidencia con las propuestas recibidas de la propia RTVE, proponía justamente una mayor descentralización en la producción y la programación, incluyendo la factura de los nuevos canales temáticos y servicios interactivos.

En definitiva, entre la ley de la Radio y la Televisión Estatal y la de Presupuestos, la reforma del servicio público de radiotelevisión en España continúa, como en los últimos 26 años, en el filo de la navaja. Pero este doble camino paralelo ilustra la duplicidad ideológica permanente de todos los gobiernos democráticos en España ante la radiodifusión pública.

El Gobierno socialista actual muestra ahora también su doble alma: una descentralizadora, respetuosa con el servicio público, dispuesta incluso a renunciar a su control; la otra es neoliberal y centralista, carente de sentido del Estado autonómico y de sus tendencias centrífugas que hacen más trascendental todavía el papel de cohesión del servicio público estatal. La primera, impulsada desde La Moncloa, bajo la presión de los sindicatos y de los grupos parlamentarios de izquierda, camina por el Parlamento para regenerar un servicio público fuerte para la Sociedad de la Información; la segunda, movida desde la SEPI, sólo aspira a que el Estado pague poco, aun a costa de debilitar profundamente el papel de RTVE como motor de la transición digital. Esperemos no tener que lamentar durante años la preponderancia de esta última en tal pugna "espiritual".

Enrique Bustamante es catedrático de Comunicación Audiovisual y Publicidad en la UCM y fue miembro del Consejo de la Reforma de los medios de titularidad estatal.