"El Estado de Derecho tiene vías para los terroristas que quieren dejar las armas"

El portavoz saliente de la actual dirección de Jueces para la Democracia, Edmundo Rodríguez (Madrid, 1963), tiene la cabeza en el congreso que comienza hoy en Vitoria y que cerrarán mañana el fiscal general del Estado, Candido Conde-Pumpido, y el ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar. Pero realmente su corazón está en Rusia, donde espera volver en breve por razones familiares. Entre los nombres que suenan para sustituirle están Miguel Ángel Jimeno, que ejerce en Cataluña; el valenciano Luis Manglano, que en su día instruyó el caso Naseiro, y el portavoz en Euskadi, Jaime Tapia.

Pregunta. Han comparado ustedes en su ponencia Proceso de paz, que se discute mañana en el congreso el proceso actual, con el de ETA político-militar. ¿Es posible un acuerdo para la reinserción como el de entonces?

"Las leyes se pueden interpretar en función de las nueva realidad del alto el fuego, pero lo que no se puede en ningún caso es incumplirlas"

"Esperamos que el acercamiento de presos se produzca cuanto antes para que el alto el fuego permanente se convierta en irreversible "

Respuesta. No son comparables. Primero, porque el consenso en la sociedad era amplísimo entonces y, sobre todo, los terroristas tenían una intención inequívoca de volver a la vida política y abandonar su actividad. Pero sí nos puede servir para recordar que hay vía y oportunidades en el Estado de derecho para encauzar la voluntad de los terroristas que quieran dejar las armas, igual que es reinsertable cualquier delincuente. La reinserción, como finalidad principal de las penas, tiene rango constitucional.

P. La presión que viene soportando el juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska tiene que ser enorme.

R. Es sorprendente que los mismos medios un día eleven a los altares a un juez como Marlaska y esta semana le estén demonizando. Es un intento de grupos de presión de tratar de influir en él. Parece que se ha sobrepuesto, aunque ha recogido ahora críticas injustas por esos grupos.

P. El juez no puede hacer piruetas para saltarse la ley, pero en la ponencia se dice que no debe ser obstáculo para la paz.

R. El juez actúa siempre sometido al principio de legalidad, y ahí tiene la facultad de modular su decisión en función de las circunstancias concurrentes. Además, no es lo mismo dictar una sentencia que adoptar medidas cautelares y se puede tener en cuenta la realidad del momento para dictar las resoluciones. Las leyes se pueden interpretar en función de la nueva realidad, como el alto el fuego, pero lo que no se puede en ningún caso es incumplirlas. Si hay que cambiar algunas normas, serán los políticos los que lo deban impulsar.

P. ¿Cree que el Gobierno está retorciendo al máximo el papel de la Fiscalía en el proceso para el final de ETA?

R. La Fiscalía General actúa con independencia de criterio. Es verdad que tiene la misión de aplicar la política criminal que fija el Gobierno, pero no se puede decir que, cuando pide unas determinadas medidas cautelares, o cuando no, esté siguiendo las directrices del Gobierno. Creo que está actuando muy responsablemente: pese al alto el fuego permanente se siguen formulando escritos de acusación en la Audiencia Nacional contra personas que han cometidos delitos de terrorismo...

P. Es su obligación, ¿no?

R. Claro, lo contrario sería impensable. Pero es que a Conde-Pumpido le han acusado determinados sectores sociales de ser el fiscal de los terroristas. Es sorprendente. Su trayectoria está lo suficientemente contrastada como para que alguien diga ahora que pretende ser el asesor legal de un grupo terrorista.

P. Su asociación pide cambios legislativos, pero hay otras medidas para consolidar el fin de la violencia que no requieren la intervención del Congreso: acercamiento de presos, flexibilizar la política penitenciaria, indultos, etc. ¿Deben ser utilizadas ahora o cuando estime el Gobierno?

R. Entendemos que sí. El Poder Ejecutivo, sin cambiar las leyes, tiene un elenco de medidas que puede aplicar. En política penitenciaria, progresión de grados, algo que no significa la desaparición de la pena, sino cumplirla en régimen abierto; es posible si los equipos de tratamiento de las prisiones emiten informes favorables. O el indulto, algo que ha sido utilizado por todos los Gobiernos en democracia, como el acercamiento de presos. Esperamos que eso se produzca cuanto antes para que el alto el fuego permanente sea irreversible.

P. ¿Y los que piensan que esto es una cesión a ETA que sólo envalentona a los terroristas?

R. La política sirve para solucionar problemas. Si alguien cree que el problema del terrorismo de ETA va a desaparecer sólo con vías policiales, es muy libre de opinar eso. Nosotros no lo vemos así. El terrorismo de ETA no desaparece si no acaban las causas que lo motivaron. Por eso, las soluciones políticas son necesarias. Y lo que interesa es arreglar esto ya, mejor en meses que en años. Sería una victoria de la democracia, no una derrota, cerrar una de las herencias más tristes que nos ha dejado el franquismo: el terrorismo.

P. Han pedido la unidad del PP y del PSOE en esta materia. Pero los populares dicen que el proyecto de Zapatero es el de ETA y han roto con él.

R. Es una auténtica barbaridad, que no responde a la verdad de los hechos. Es incomprensible que alguien lo sostenga.

P. El PSOE dice que el PP sólo necesitaba una excusa para romper y los populares, que Zapatero les ha engañado y ha roto las reglas haciendo anuncios de los que se enteran por la prensa.

R. No sé cómo se ha producido la ruptura y no me atrevo a hacer juicios de valor. Pero la responsabilidad de los grandes partidos es superar esta situación para que no exista confrontación en un tema como el terrorismo, que nos interesa a todos.

P. ¿Qué habría que tocar de la herencia legislativa de Aznar?

R. Hay que hacer una relectura del Código Penal, pero no sólo en materia de terrorismo; y no sólo por lo que introdujo el PP, también por algunas cosas del PSOE. Sobre todo por su excesivo rigor y dureza. Hoy en día tenemos habilitada en España la pena perpetua: 40 años de prisión es eso. Hay que cambiar de política criminal y recuperar las medidas alternativas a la prisión, que están funcionando en Europa perfectamente.

P. ¿Tras dos años de Gobierno socialista, qué balance hace su asociación?

R. En materia judicial, la gestión alcanza el aprobado. Ha habido una inversión importantísima en planta judicial, la implantación de la segunda instancia penal, la nueva labor de los Tribunales Superiores de Justicia como tribunales de última instancia en cada comunidad y el proyecto de Consejos Territoriales. En la parte negativa, el proyecto de justicia de proximidad o los proyectos para endurecer el Código Penal y el tratamiento del menor.