Tres expertos tachan la LUV de "absurdo jurídico"
El jurista especializado en urbanismo José Manuel Palau tachó ayer la Ley Urbanística Valenciana (LUV) de "absurdo jurídico". El arquitecto Alejandro Escribano, que dirigió el equipo municipal que redactó el último Plan General de Ordenación Urbana de Valencia, aseguró que después de "exportar a toda España" la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU) que derogó la LUV "nos la cargamos para incorporar un disparate jurídico", la directiva europea sobre contratos de servicios públicos, "y medio lavarnos la cara ante Bruselas, cuando debíamos haber negado la mayor porque la legislación sobre urbanismo en España es diferente a la del resto de Europa". Finalmente, Gerardo Roger, el padre de la LRAU, dijo sentirse "cada vez más orgulloso" de la norma recientemente derogada y añadió que "el legislador [valenciano] estuvo poco afortunado al intentar casar lógicas contrapuestas" en la elaboración de la LUV, la legislación urbanística española con la directiva europea sobre contratos de servicios públicos.
Los tres coincidieron en un desayuno organizado por la empresa constructora Lubasa en el escenario de Casa Decor para analizar la nueva LUV.
Palau y Escribano, que han colaborado en la redacción del reglamento de la nueva LUV, que combina el desarrollo de la Ley de Ordenación del Territorio, tampoco se mostraron muy entusiastas respecto al texto de rango inferior. "Intenta limar algunas aristas" de la nueva legislación urbanística, dijo Escribano. "Más que un reglamento es un código, un auténtico Código da Vinci, con 600 artículos", ilustró Palau. El jurista añadió que lo habitual es dejar rodar una nueva ley durante un año para matizar a través de un reglamento los problemas que genera su aplicación, pero en el caso de la LUV el reglamento se elaboró apenas dos meses después de que fuera aprobada la ley. Palau auguró que en el plazo de "tres o cuatro años" se detectarán los problemas derivados de la LUV y su impresionante reglamento.
Roger, por su parte, vaticinó que la LUV se modificará en el plazo de un año, una vez superadas las próximas elecciones, y si no se revisa antes será por razones meramente electoralistas.
El meollo del problema reside en la peculiaridad de la legislación urbanística española. Escribano fue muy explícito cuando resumió el caso. "En toda Europa las calles las ponen los ayuntamientos, menos en España; desde 1956, los propietarios del suelo edificaban, pero no siempre ponían las calles", recordó, "la LRAU resolvió el problema: tú edificas, pero pones las calles". "El dinero para la ejecución de programas urbanísticos es privado", siguió, y someter la inversión privada a una directiva de contratos públicos es un dislate.
Sin embargo, los promotores deben urbanizar de acuerdo con las directrices que establezcan los ayuntamientos correspondientes. "Para eso están los poderes públicos", sentenció Escribano.
Pero Palau puso el dedo en la llaga cuando explicó que los problemas de la LRAU eran achacables a la legislación municipal general y la "falta de financiación" de las corporaciones locales.
