Todos los grupos menos el PP pactan medidas para combatir la inmigración ilegal
Actuaciones inmediatas, a medio y largo plazo, sobre inmigración fueron pactadas ayer por todos los grupos, menos el PP, y quedaron plasmadas en una resolución que será debatida y votada la próxima semana con el resto de las resoluciones derivadas del debate del estado de la nación. PSOE, CiU, IU-ICV, ERC, PNV, Coalición Canaria y Grupo Mixto unieron sus firmas para esta resolución de 10 puntos que recoge los asuntos defendidos por el presidente del Gobierno y los grupos citados en política migratoria.
Uno de los puntos más destacados propone la aplicación de medidas urgentes y la realización de un esfuerzo máximo de carácter diplomático "mediante la reactivación de los convenios de readmisión en vigor y la suscripción de convenios de readmisión de nueva generación con los países emisores de emigrantes y una mayor eficacia en los controles de fronteras, tanto en origen como en destino, todo ello con el fin de agilizar y hacer más eficaces los procedimientos de devolución".
Junto a ello, se pide un "esfuerzo presupuestario dirigido a incrementar la ayuda a los países emisores de inmigración hacia España y, en concreto, a los países africanos". Canarias tendrá una atención especial del Gobierno, así como otras comunidades de acogida, con presupuestos específicos para garantizar la atención humanitaria a los inmigrantes que llegan en situación de extrema vulnerabilidad.
Endurecimiento de penas
El consenso no sido tan amplio en torno a una propuesta de resolución sobre seguridad ciudadana de la que participan PSOE, CiU e ICV, pero no el resto que ha colaborado en la de inmigración. La Fiscalía General del Estado dará las oportunas indicaciones a todos los fiscales para que en los delitos que sean cometidos por bandas organizadas puedan "solicitar la prisión provisional de acuerdo con lo previsto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal". La resolución señala que se deben imponer "sanciones más severas para las organizaciones delictivas en los asaltos a viviendas que sean cometidos por bandas organizadas".
Sobre la Guardia Civil, estos grupos han decidido pedir al Gobierno que apruebe un proyecto de Ley de Régimen Disciplinario de la Guardia Civil, que actualice el catálogo de sanciones e infracciones y dé más garantías a los interesados. En suma, se trata de suavizar las sanciones. También se propone un proyecto de ley para regular los derechos y deberes de la Guardia Civil, que reconozca el ejercicio de sus derechos fundamentales y libertades públicas. Este proyecto, no obstante, se aleja de cualquier pretensión de sindicación.
En seguridad vial, los grupos piden que se modifique el Código Penal para "definir con mayor rigor" todos los delitos contra la seguridad del tráfico para evitar que la violencia vial pueda quedar impune.
