El Tribunal de Cuentas indica que Camps y Lis contrataron irregularmente en Trabajo

El ex secretario de Estado de la Seguridad Social y actual consejero de Economía, Gerardo Camps, y el ex director general de Imserso Antonio Lis, ahora director general de una empresa de la Generalitat, contrataron irregularmente campañas de publicidad durante su paso por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Así lo pone de manifiesto el informe del Tribunal de Cuentas que reprueba la gestión realizada por Eduardo Zaplana al frente de este ministerio y rechaza las alegaciones presentadas, incluidas las de Fernando Castelló, que sustituyó a Camps en el cargo.

Las adjudicaciones se realizaron sin justificar la urgencia y con mucha discrecionalidad

El Tribunal de Cuentas relata que en 11 de las 14 campañas publicitarias realizadas por el Ministerio de Trabajo entre 2003 y 2004 se detectaron irregularidades y deficiencias, entre las que se encuentra un posible "menoscabo innecesario, y también previsible, de los caudales públicos".

La auditoría del Tribunal de Cuentas hace especial hincapié en las dos campañas publicitarias contratadas en 2003 y 2004 para el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) sobre la revalorización de las pensiones y el abono a los pensionistas de una paga única. La realización de la campaña correspondiente a 2003 fue acordada por la secretaría de Estado que entonces dirigía Gerardo Camps, actual consejero de Economía. La citada campaña se contrató por trámite de urgencia en el plazo record de siete días, tiempo que el Tribunal de Cuentas compara con los 110 días utilizados habitualmente para contratar campañas de publicidad por parte del Ministerio de Trabajo. Una urgencia que el órgano auditor no encuentra justificada y que, además, incluyó un estudio "post test" previsto en el contrato y que analizaba el objetivo subyacente de destacar el pretendido contraste entre el miedo, identificado con la gestión del PSOE, y la seguridad, identificado con la gestión del PP. Esta campaña de 2003 fue adjudicada a la empresa Carat, en la que trabajaba el ex portavoz del Gobierno de Aznar Miguel Ángel Rodríguez.

Esta y otra documentación analizada por el Tribunal de Cuentas fue enviada hace pocas semanas a la Fiscalía Anticorrupción, al sospechar que no había sido remitida por el Ministerio de Trabajo en la época en que lo dirigía Eduardo Zaplana. Con esta documentación, la Fiscalía Anticorrupción debe decidir si revisa o no el fundamento con el que archivó en septiembre de 2004 su investigación por presuntos delitos de tráfico de influencias y prevaricación.

Gerardo Camps, que se ha quejado siempre de enterarse de su implicación en estas cuestiones por los medios de comunicación, insiste en que el proceso de contratación de las campañas publicitarias que se cuestiona se realizó de manera similar a como las realizaban los gobiernos socialistas.

En la contratación de las campañas de publicidad e información también se cuestiona el papel del entonces director general de Imserso, Antonio Lis, que llegó a adjudicar por vía de urgencia campañas como las del Año Europeo de la Discapacidad en 2003, cuando la declaración de la UE era de diciembre de 2001. El Tribunal de Cuentas rechaza las alegaciones de Lis en las que intenta justificar la "excesiva discrecionalidad" en los criterios de valoración de la oferta económica de las empresas que aspiraban a la adjudicación.

Lis ya se vio obligado por la Junta Electoral de Valencia a cerrar una exposición sobre el Imserso y los Servicios Sociales en España en la Estación del Norte de Valencia durante la última campaña electoral al Congreso de los Diputados.

Respecto a Fernando Castelló, que sustituyó a Gerardo Camps al frente de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social entre julio de 2003 y la pérdida de las elecciones generales de 2004, la auditoría del Tribunal de Cuentas también rechaza sus alegaciones respecto a las razones por las que no se aprobó el programa anual de publicidad del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

Sólo entre diciembre de 2003 y enero de 2004, el Ministerio de Trabajo gastó en tres campañas publicitarias el 80% del gasto previsto durante 13 meses.