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La situación en Marbella

La Fiscalía se opone a dejar en libertad a los seis principales imputados en la 'operación Malaya'

El Ministerio Público alega que persiste el riesgo de fuga y de destrucción de pruebas

Fernando J. Pérez

El delegado de la Fiscalía Anticorrupción en Málaga, Juan Carlos López Caballero, se opuso ayer a la puesta en libertad de seis de los principales imputados en la operación Malaya contra la corrupción municipal en Marbella, entre ellos el supuesto cerebro de la trama, Juan Antonio Roca, la ex alcaldesa, Marisol Yagüe, y la ex primera teniente de alcalde, Isabel García Marcos. El representante del Ministerio Público pidió que se confirmen todos los autos de prisión al entender que existen indicios de delitos graves y que persiste el riesgo de fuga y de destrucción de pruebas.

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Durante toda la mañana de ayer se celebraron en la Audiencia de Málaga sendas vistas sobre los recursos contra los autos de prisión de Roca, Yagüe, García Marcos, el ex concejal de Transportes de Marbella, Victoriano Rodríguez, el empresario Ismael Pérez, y la supuesta testaferro de Roca, Montserrat Corulla. Los magistrados de la Sección Tercera de la Audiencia decidirán en los próximos días -no hay un plazo establecido- si los excarcelan o los mantienen en la prisión de Alhaurín de la Torre, donde llevan desde el pasado 1 de abril.

López Caballero estima que "siguen vigentes" los motivos por los que se ordenó el encarcelamiento provisional y aseguró que la privación de libertad es necesaria porque aún se está analizando la documentación incautada. De hecho, apuntó que todavía hay sociedades sin investigar "porque han aparecido ahora". López Caballero defendió que las investigaciones permanezcan bajo secreto de sumario "por la complejidad y la naturaleza de los hechos".

El abogado de Juan Antonio Roca, Aníbal Álvarez, tachó de "escalofriante" que se mantenga a su cliente en prisión por un posible riesgo de fuga, cuando el presunto muñidor de la corrupción urbanística marbellí está imputado desde 2001 por la Audiencia Nacional -que lo dejó libre bajo fianza y le retiró el pasaporte- por el llamado caso Saqueo. Además, aseguró que el secreto de sumario hace que Roca esté en situación de indefensión.

El fiscal López Caballero basó su rechazo a la excarcelación del ex asesor urbanístico en la gravedad de los delitos que se le imputan y en que el hecho de que sus empresas figuren a nombre de testaferros "supone un riesgo objetivo de destrucción de pruebas".

El ex juez Javier Gómez de Liaño, ahora abogado de Isabel García Marcos y de Victoriano Rodríguez, insistió en la nulidad de las actuaciones por la "falta de jurisdicción" del juez Torres, que está en comisión de servicio en el Juzgado número 5 de Marbella, con una prórroga para acabar de instruir el llamado caso Ballena Blanca. El letrado pidió la libertad de la ex primera teniente de alcalde al asegurar que lo descrito en el auto de prisión no se corresponde con un delito de cohecho sino con tráfico de influencias. López Caballero replicó que Gómez de Liaño había interpretado mal el auto y que los supuestos delitos de García Marcos corresponden con la tipificación de cohecho.

Respecto al concejal de Transportes, Gómez de Liaño pidió su puesta en libertad provisional o bajo fianza por motivos de edad. Victoriano Rodríguez tiene 77 años, y según su letrado al ritmo en que funciona la Justicia "es posible que haya dejado el mundo antes de sentarse en el banquillo". El fiscal contestó que contra él hay "todo un catálogo de corrupción" con conversaciones que demuestran que medió en "intercambio de dinero".

El letrado de la ex alcaldesa Marisol Yagüe, Pablo Luna, alegó la "ausencia de motivación" del auto de prisión de su defendida y criticó al fiscal por "dedicar más tiempo a entrevistas que a sustentar los dictámenes".

El letrado de Montserrat Corulla consideró infundado el riesgo de fuga por el "arraigo social" de su defendida. Finalmente, el defensor de Ismael Pérez insistió en que éste sólo quería cobrar una deuda con el consistorio y que "nunca quiso" la adjudicación del servicio de grúa municipal.

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Sobre la firma

Fernando J. Pérez
Es redactor y editor en la sección de España, con especialización en tribunales. Desde 2006 trabaja en EL PAÍS, primero en la delegación de Málaga y, desde 2013, en la redacción central. Es licenciado en Traducción y en Comunicación Audiovisual, y Máster de Periodismo de EL PAÍS.

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