El Ejército de Zapatero

El presidente José Luis Rodríguez Zapatero llegó a La Moncloa con una medida de corte claramente antimilitarista como fue la retirada de Irak. Pese a que ningún mando de las Fuerzas Armadas, conscientes de sus responsabilidades y atribuciones, ha comentado esa decisión en público, la salida de Irak, aunque comprensible en términos políticos, produjo incomodidad entre los militares y parecía anunciar una etapa de difícil conciliación entre la doctrina pacifista del Gobierno y las necesidades de la defensa.

La mayoría de las fuentes consultadas para esta investigación, coinciden en que la realidad no se ha correspondido exactamente con ese pronóstico. De hecho, en las Fuerzas Armadas se detecta un ambiente de expectación ante los cambios que se anuncian. También de dudas y de sospechas -provocadas, sobre todo, por los últimos y sonoros cambios en el Ministerio de Defensa-, pero, en general, parece vivirse una etapa de revitalización de una institución que había quedado desfasada con las exigencias de los tiempos.

Según el almirante José María Terán, "en España es necesario desarrollar una cultura de la defensa"

El Gobierno se enfrenta a la duda entre un Ejército sólo de 'cascos azules' o que pueda usar la fuerza

"Es posible", explica el almirante José María Terán, jefe del Estado Mayor Conjunto, "que cuando los políticos llegan a la responsabilidad de Gobierno y asumen la importancia que la política de defensa puede tener en la acción exterior del Estado, modulen en cierta medida las posiciones que de partida pudieran tener respecto a aquélla".

Al margen del episodio del general José Mena, el Gobierno parece, en efecto, haber modulado su visión sobre el papel que las Fuerzas Armadas juegan en la política. "Si España quiere jugar un papel en la escena internacional, tiene que asumir compromisos con sus socios en materia de defensa", afirma el almirante Terán. Casos como el de los refuerzos en Afganistán, Haití y Congo son sólo el anticipo de situaciones que exigirán el uso de fuerzas militares. Eso, a su vez, requiere del mantenimiento de unas Fuerzas Armadas en estado operativo y le da a éstas una gran oportunidad de modernización.

Ésta es la razón de la esperanza en las reformas por parte de la institución militar. "Ahora hay dinero para hacerlo, ojalá que no flaquee la decisión política", comenta un miembro del Ejército.

"Todo cambio produce de forma natural una resistencia", declara el almirante Terán. "Por lo tanto, para que el proyecto de transformación tenga éxito, lo importante es que exista un liderazgo, es imprescindible que los responsables, tanto políticos como militares, den muestras claras ante el conjunto de las Fuerzas Armadas de que, no sólo admiten la transformación, sino que la consideran necesaria y la impulsan de una manera decidida".

El liderazgo del proceso de transformación en marcha es, según los expertos consultados, del jefe del Estado Mayor de la Defensa (Jemad), Félix Sanz, y su equipo; es una reforma claramente dirigida por los militares, en la que, como está ocurriendo en los ejércitos de otros países, el propio Jemad adquiere una mayor relevancia, y la cúpula militar, un mayor peso en las decisiones políticas.

Las nuevas normas convierten al Jemad en el único asesor militar del Gobierno y el último escalón en el proceso de toma de decisiones de carácter operativo. "Cada día va a tener más poder el jefe del Estado Mayor de la Defensa, porque cada vez va a haber más operaciones conjuntas, y eso obliga a coordinar esfuerzos", afirma Luis Solana, presidente del Observatorio Europeo de la Seguridad y la Defensa.

Este Gobierno ha relevado ya de forma más o menos polémica a dos jefes del Estado Mayor del Ejército, en un intento innegable de buscar sintonía política entre los responsables civiles y el mando militar. Esa sintonía va a ser más necesaria en la medida en que el más alto jefe militar concentre más poder e influencia, y eso mismo puede provocar, a su vez, más suspicacias dentro de los mandos militares.

Los actuales responsables del Ejército observan la politización de la cúpula militar como un fenómeno inevitable y no necesariamente negativo. Como explica el almirante Terán, "la cúpula militar podría considerarse como un órgano cuya misión principal es la de colaborar directamente con el ministro y, por lo tanto, en cierta medida, podría estar politizada, si entendemos como tal el que esté influida por la política".

La politización del Ejército, que seguramente será invetable en la medida en que aumente su uso como instrumento de la política exterior, ha sido una de las causas que en el pasado han entorpecido más la relación entre las Fuerzas Armadas y el resto de la sociedad. Por eso se presenta siempre como un fantasma del que hay que huir, pero no representa un riesgo en la actualidad.

Las Fuerzas Armadas han avanzado mucho en todos estos años. Probablemente, teniendo en cuenta las circunstancias a las que el Ejército tuvo que enfrentarse antes y en los primeros años de la democracia, pocas instituciones españolas han avanzado tanto en tan poco tiempo. "El Ejército ha avanzado de forma paralela a la de la sociedad. Nuestras Fuerzas Armadas están hoy bien valoradas", afirma Julián García Vargas, ex ministro de Defensa y presidente de la Asociación Atlántica Española.

Hoy el Ejército español se codea en plano de igualdad con los más importantes del mundo en numerosas operaciones de paz, como atestigua el teniente coronel Federico Bordas, alto mando del cuartel general de la OTAN en Madrid. "Estamos demostrando", asegura Bordas, "que el nivel de nuestras Fuerzas Armadas es similar al de nuestros aliados. Estamos cumpliendo bien, y nuestras tropas son muy apreciadas por la población de las zonas donde desplegamos".

El problema radica, como dice este militar experto en varias misiones de paz y con 10 años de actividad en el campo internacional, en que "las misiones que se nos encargan cada vez se hacen más complejas y cada vez se nos encargan más cosas". "Antes participábamos en lo que se llamaban misiones de mantenimiento de la paz, ahora las misiones tienen que ocuparse de la imposición de la paz, de su mantenimiento y de la construcción de una paz duradera".

Es lo que Jorge Aispizúa, experto en seguridad y asesor de varios ministros de Defensa en diversos planes militares, llama "misiones de prevención y anticipación". "Pacificar Cachemira", pone como ejemplo Aispizúa, "es evitar el desarrollo del terrorismo en Cachemira".

El éxito español en las misiones de paz, unido a la polémica posterior sobre la intervención en Irak, ha condicionado extraordinariamente la definición sobre las funciones del Ejército con vistas al futuro. Tanto la Ley de Defensa, como el Plan de Transformación -el marco legal de la modernización en marcha-, están fuertemente influidos por una voluntad del actual Gobierno de no repetir una actuación como la que José María Aznar ordenó en Irak. Esto se refleja particularmente en dos orientaciones del actual proceso de renovación: el establecimiento de fines casi esencialmente humanitarios para el despliegue de las Fuerzas Armadas y el marcado sometimiento de cada misión del Ejército a la decisión del Parlamento.

La mayoría de las fuentes consultadas coinciden en señalar el primer aspecto, el carácter humanitario de la actuación militar, como el apartado más discutible de los planes de modernización. "El Ejército no es una ONG y no se le puede utilizar como si lo fuese", advierte Julián García Vargas.

La actividad del Ejército en anteriores misiones de paz, en las que participaba fundamentalmente como fuerza de interposición, con severas restricciones para el uso de las armas, hizo extender entre la sociedad española, en efecto, la idea de unas Fuerzas Armadas similares a ONG, con las que muchas veces colaboraban sobre el terreno. Toda la propaganda oficial, asimilando al Ejército con una especie de Cruz Roja con el fin de hacerlo más atractivo a las nuevas incorporaciones, ha contribuido a esa imagen, quizá excesivamente amigable.

Pero las nuevas misiones que, como dice el teniente coronel Bordas, se le asignan cada día y la creciente peligrosidad de éstas (Irak, Afganistán...) obligan a disponer de unidades bien preparadas para el combate y a que los responsables políticos acepten los riesgos que implican esas misiones. Exigen, en definitiva, que las Fuerzas Armadas puedan ser utilizadas en el exterior como fuerza puramente militar, algo a lo que todavía se resiste el partido en el Gobierno.

El diputado Rafael Estrella, portavoz socialista en la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso y experto en asuntos de seguridad internacional, asume que España "va a tener fuerzas que habrán de asumir más misiones de paz y que tendrán que estar preparadas para imponer la paz", pero advierte de que "salvo excepciones muy singulares, el uso de la fuerza debe de estar limitado a la legítima defensa".

"En la lógica del Gobierno", considera el senador Ignacio Cosidó, senador del Partido Popular y miembro del Grupo de Estudios Estratégicos, "el Ejército sería sólo un Ejército de cascos azules, de autoprotección, nunca un Ejército listo para utilizar la fuerza".

La lógica del Gobierno, mejor dicho, la lógica del presidente Rodríguez Zapatero, está expuesta, según distintas fuentes, en la Unidad Militar de Emergencias (UME), creada en el contexto de la actual reforma militar y destinada exclusivamente a su actuación en el caso de catástrofes naturales. La mayoría de los expertos consultados la ven como una especie de supercuerpo de bomberos, artificialmente creado a raíz de la experiencia de la falta de respuesta unificada de las administraciones en el incendio de Guadalajara hace casi un año, que ha provocado una gran confusión entre los militares, porque los aleja considerablemente de las misiones para las que han sido entrenados y contratados.

La UME, a la que ya se ha destinado un generoso presupuesto de 900 millones de euros, y a cuyo frente se ha puesto a uno de los militares de más prestigio de España, el teniente general Fulgencio Coll, introduce varios antecedentes que resultan preocupantes entre los mandos militares: es una unidad desgajada de la estructura jerárquica de las Fuerzas Armadas, está a las órdenes directamente del presidente del Gobierno, sus integrantes tienen sueldos superiores al de sus compañeros en otras funciones y, por último, su creación compromete al Ejército de forma estable y permanente en actividades de carácter puramente civil.

"La creación de la UME ha sido un error", opina Luis Solana. "Todas las unidades existentes en las Fuerzas Armadas", añade, "están para cumplir con cualquier misión que se les ordene".

"La UME es la mejor demostración de lo que quiere Zapatero. No tiene ningún sentido tener unidades militares en misiones civiles", cree Ignacio Cosidó.

Otros militares y expertos consultados para este reportaje coincidieron básicamente con esos puntos de vista, pero pidieron no ser mencionados.

La reducción de las Fuerzas Armadas a misiones no militares parece contradecirse, en todo caso, con las exigencias de una dinámica internacional muy conflictiva que auguran los especialistas norteamericanos y europeos y que, en el plano teórico, reconocen también los portavoces socialistas en España.

"España tiene que prepararse para un ambiente de conflictos exteriores en misiones de toda índole, bajo los auspicios de la ONU, la OTAN o la Unión Europea, pero en los que se demostrará su capacidad de proyección en la política internacional", estima Jorge Aispizúa. "La participación en misiones internacionales es una dimensión de la política exterior, sirve para hacer coherente el discurso con la práctica, aumenta nuestra credibilidad. Para mantener el estatus de un país hay que hacer cosas así", admite Rafael Estrella.

Para poder desarrollar esa función de forma eficaz es necesaria una enorme agilidad de respuesta en el uso de las Fuerzas Armadas, agilidad que, a juicio del Partido Popular, se ve obstaculizada por la legislación actual. "La Ley de Defensa", según el senador Cosidó, "hace muy difícil las operaciones militares y encorseta política y judicialmente las decisiones del Gobierno sobre la utilización de la fuerza".

Cualquier garantía que se aplique para el uso de la fuerza en condiciones de total limpieza democrática es justificada, sin embargo, en opinión de otros expertos. Aunque previenen que eso debe hacerse sin menoscabo para la operatividad de los soldados.

"Las nuevas amenazas intentan minar la democracia. Precisamente por eso", afirma Aispizúa, "hay que conseguir un buen equilibrio mediante un sistema de control democrático de los medios y de la definición de las misiones, teniendo en cuenta que la complejidad de los procesos de decisión de un Estado democrático no se vuelva contra nosotros".

Unas fuerzas ágiles, modernas, listas para acudir en auxilio de la democracia o de las personas en cualquier parte del mundo y en cualquier momento, no deja de ser todavía en España una fantasía que para ir convirtiendo poco a poco en realidad exigirá grandes inversiones.

El PSOE, por boca de Rafael Estrella, entiende que "era necesario plantearse el aumento del presupuesto de Defensa, y a partir de este año hay ya un crecimiento importante por nuevos programas de material, por las mejoras salariales y el aumento de efectivos y por la participación en misiones internacionales". Ignacio Cosidó también cree que "si queremos tener unas Fuerzas Armadas equilibradas a nuestro potencial económico, demográfico y al peso de España en la Unión Europea, tendremos que dedicar más al presupuesto de Defensa".

Pero es necesario ante todo que los ciudadanos compartan esa necesidad. "En España es necesario desarrollar más una cultura de la defensa, es necesario que la sociedad asuma la importancia que tiene la defensa en la vida nacional. Entiendo que es muy difícil que los ciudadanos acepten gastos militares si no saben para qué sirven", manifiesta el jefe del Estado Mayor Conjunto.

Como en cualquier otro ámbito de la sociedad, un Ejército eficaz y moderno es caro. Los planes de modernización de las actuales fuerzas armadas pueden exigir inversión creciente en los próximos años, teniendo en cuenta que ya el esfuerzo militar español (en torno al 1,4% del producto interior bruto teniendo en cuenta todos los conceptos, incluido el que se considera investigación en nuevas tecnologías) es notablemente inferior al papel de España en el escenario internacional. Entre los países de nuestro área, el gasto de España es notablemente inferior al de Italia (el 2% del PIB), Francia (2,5%), Reino Unido (2,5%), e incluso al de un país cuyas Fuerzas Armadas han estado hasta ahora excluidas de la participación internacional como es el caso de Alemania (1,5%).

Por ahora, nadie, ni siquiera los militares, quieren hablar de un aumento del presupuesto militar. Los principales partidos políticos son conscientes de que no se trata por ahora de un apartado popular entre los votantes y evitan incluirlo en sus programas electorales. Pero los expertos recomiendan una actuación coordinada de los dos partidos, con posibilidades de alternarse en el poder con el fin de hacer las inversiones adecuadas. Algunos de los actuales programas de armas tienen vigencia hasta el año 2021. Cualquier error que se cometa en esta materia tendrán que pagarlo las generaciones próximas.

"Todos, Gobierno e industria, hacemos lo posible", asegura Alfonso Ramonet, consejero delegado de General Dynamics Santa Bárbara Sistemas, "para desarrollar tecnologías y productos que sean lo más avanzados y vanguardistas posibles para que sobrevivan en el tiempo".

La defensa es algo en lo que resulta difícil implicar a un ciudadano de un país pacífico y próspero. Algunos de los más convencidos pacifistas españoles sólo han comprendido el papel del Ejército cuando se han encontrado con los soldados en alguna lejana misión humanitaria. La industria militar permite, además, desarrollos en I+D de los que se beneficia el conjunto de la sociedad. Pero estos argumentos son utilizados también por quienes defienden únicamente beneficios sectoriales en un mundo de grandes intereses económicos y estratégicos. La frontera entre unos y otros es, a veces, muy fina. Con el proceso de reestructuración en marcha se pretende, en última instancia, separar las necesidades reales de defensa de un país moderno de los intereses corporativos y coyunturales.