El Consultivo avala que la Junta tenga el urbanismo marbellí el máximo plazo posible

El Consejo Consultivo de Andalucía considera "razonable y acorde con el principio de proporcionalidad" que la retirada de las competencias urbanísticas a Marbella por parte de la Junta de Andalucía se prorrogue durante cinco años, el plazo máximo previsto por la ley.

"Existe causa justificada para ello, dada la extraordinaria labor de normalización que habrá de llevarse a cabo en el planeamiento municipal, en consideración a una severa afectación de las competencias autonómicas", sostiene el informe emitido por el Consejo Consultivo que respalda la decisión de la Junta de retirar las competencias urbanísticas al Ayuntamiento de Marbella.

La duración del periodo que la Junta debe ejercer la planificación urbanística municipal es uno de los asuntos más polémicos de la decisión del Gobierno andaluz, contra la que votará el PP en el Parlamento. Populares e Izquierda Unida propondrán en el pleno parlamentario del próximo día 14 que las competencias se devuelvan al consistorio una vez que tome posesión la corporación municipal que salga elegida en las urnas el 27 de mayo de 2007.

En principio, la orden de retirada de competencias de la Consejería de Obras Públicas contempla retenerlas el plazo máximo previsto por la ley, aunque también prevé que el período pueda acortarse si cambian las circunstancias que han motivado el expediente de retirada, cuales son los incumplimientos graves y reiterados de la legalidad urbanística por parte del consistorio con decisiones que suponen alterar el modelo de ciudad diseñado en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) vigente.

El PSOE ha anunciado que las competencias se devolverán posiblemente antes de los cinco años una vez que haya un nuevo gobierno municipal, pero nunca antes de que se haya aprobado el nuevo PGOU de la ciudad, que para la Junta es la máxima prioridad actualmente en Marbella por la necesidad de que existan unas reglas del juego claras, seguridad jurídica y un marco en el que dibujar la normalización urbanística de la ciudad.

El informe del Consejo Consultivo no deja lugar a dudas sobre la legalidad de la iniciativa adoptada por la Junta en virtud de la Ley de Medidas de Vivienda Protegida y Suelo aprobada el pasado diciembre que faculta a la administración autonómica a retirar competencias urbanísticas a los municipios. "Existe un sistemático y grave incumplimiento de la legalidad urbanística por parte del Ayuntamiento de Marbella. También se ha acreditado sobradamente que tal incumplimiento ha producido una manifiesta afectación de las competencias de la comunidad autónoma en materia de urbanismo y ordenación del territorio, al repercutir sobre importantes elementos estructurales de la ordenación urbanística y condicionar de forma severa la planificación del territorio en aspectos básicos, usos del suelo, infraestructuras y equipamientos que son determinantes de la calidad de vida de los ciudadanos", asevera el informe.

El dictamen del Consultivo también rechaza una de las alegaciones presentadas por el Ayuntamiento de Marbella y que ahora argumenta también el PP, y es que ya no se dan las circunstancias por las que la Junta inició el expediente al haberse disuelto la corporación. "Tal hecho no determina de por sí una pérdida sobrevenida del objeto del procedimiento", alega el consejo, quien añade que además el punto de mira de la medida es "la existencia de una manifiesta afectación de las competencias autonómicas en materia de urbanismo y ordenación del territorio y en la necesidad de hacer frente a la situación creada con una medida transitoria".

El Ayuntamiento presentó sus alegaciones el mismo día que el Consejo de Ministros disolvió la corporación, por lo que aún no se había creado la gestora que preside Diego Martín Reyes.

Tampoco acepta el Consejo Consultivo los argumentos esgrimidos por el consistorio sobre la intromisión en la autonomía municipal. "Es claro que ni la autonomía municipal, ni ninguna otra autonomía, puede utilizarse como coartada para que una Administración Pública actúe contrariamente a la legalidad aplicable, dando lugar a la claudicación del Estado de derecho".