Protección de Datos permite a la nueva cámara urbana alavesa usar los ficheros de propietarios

La Agencia Española de Protección de Datos ha comunicado a los dirigentes de la nueva Cámara de la Propiedad Urbana de Álava, que pretende sustituir a la intervenida por el Ejecutivo, que pueden utilizar la base informática con los datos de los casi 40.000 propietarios de la provincia que pagaban cuotas de asociación. Tras la entrada en vigor del decreto que liquidó las cámaras como corporaciones de derecho público, la alavesa y el Departamento de Vivienda preguntaron por el uso de ese fichero a Protección de Datos, que ahora ha dado su visto bueno.

La resolución, firmada el pasado 10 de abril por la jefa del servicio de la agencia y ratificada por el abogado del Estado, explica las condiciones de uso de dicha base y aclara, sobre todo, que los dirigentes de la nueva cámara necesitan una autorización, aunque sea tácita, de todos y cada uno de los propietarios para seguirles facturando las cuotas de asociados.

Tras la entrada en vigor el pasado mes de febrero del decreto de liquidación, los anteriores miembros de la Junta de Gobierno de la entidad alavesa alquilaron un local con la intención de seguir prestando servicios a los asociados. La nueva cámara carece de ingresos al haber intervenido el Gobierno los saldos de todas sus cuentas bancarias. Su única opción, por tanto, era cobrar a través del banco una remesa de recibos a sus casi 40.000 antiguos socios, que pagaban una media de seis euros por propiedad.

La agencia estatal concluye en su informe que los datos bancarios no son "especialmente protegidos", ya que los recibos pueden ser devueltos por el propietario y, por tanto, permite el "consentimiento tácito" de los afectados. Es decir, establece que, una vez comunicado de forma individual a cada propietario que sus datos van a ser incorporados a los ficheros de una nueva asociación, el uso que se les va a dar y las razones del cambio, la nueva cámara puede pasar al cobro los recibos no sólo a quienes hayan respondido afirmativamente a la consulta, sino también a quienes no hayan respondido. Eso sí, condiciona el uso de la base de datos a que transcurra un tiempo prudencial entre la consulta al socio y la presentación de los recibos al cobro y a que exista una constatación de que el ciudadano ha recibido la comunicación. Detalla que ese punto se puede confirmar a través de correo certificado o buró fax y admite que las cartas puedan ser entregadas por un tercero independiente, como una empresa de mensajería. La comunicación de la agencia, de cinco folios, rechaza que la comunicación a los socios se realice a través de anuncios en los medios de comunicación.

La nueva cámara ha esperado entre la comunicación a los socios y el cobro de la remesa algo más de dos meses.

El Ejecutivo solicitó la pasada semana a la Caja Vital, entidad que tramitó esos 40.000 recibos, que los paralizase y devolviera los más de 240.000 euros cobrados.

Los ficheros de la cámara debieran haber estado en la Agencia Vasca de Protección de Datos, al tratarse de datos públicos. El Ejecutivo, que retrasó más de diez años la aplicación de la legislación vigente de 1994 que le obligaba a liquidar las cámaras de la Propiedad, no reclamó además a la agencia estatal unos datos sobre los que tiene competencia.