Los partidos del Gobierno vasco se unen en sus críticas al juez

Los tres partidos que sostienen al Gobierno de Juan José Ibarretxe (PNV, Eusko Alkartasuna y Ezker Batua) criticaron ayer, si bien en distintos registros, la decisión del juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska de ampliar las imputaciones a los ocho dirigentes de Batasuna a los que ha citado a declarar para el próximo miércoles.

El presidente del PNV, Josu Jon Imaz, recuperó en una entrevista en Radio Nacional la posición que ha venido manteniendo su partido y el propio Ejecutivo vasco de que la actuación de tribunales y fiscales, y en especial de la Audiencia Nacional como responsable de las causas ligadas al terrorismo, debe tener en cuenta las nuevas circunstancias abiertas por la declaración de alto el fuego de ETA del pasado 22 de marzo. Imaz defendió que los jueces de la Audiencia Nacional deben "amoldarse" y aplicar la ley sin olvidar el actual "contexto de esperanza y la posible consolidación de la paz en Euskadi".

"Es un poco contradictorio y kafkiano", agregó el líder peneuvista, el hecho de que el presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, vaya a anunciar en junio el inicio de un proceso de diálogo entre el Gobierno y ETA y al tiempo los interlocutores políticos de Batasuna sean llamados a declarar ante la Audiencia Nacional por realizar "determinadas declaraciones". Imaz, que no dejó pasar la ocasión de volver a exigir a Batasuna una actitud de "firmeza" ante el rebrote de la kale borroka, subrayó que aplicar la ley teniendo en cuenta las circunstancias sociales supone un principio básico del Derecho.

"Intencionalidad política"

Más contundente, la presidenta de EA, Begoña Errazti, consideró un "error de bulto" que retrasa el proceso de paz la decisión del juez, a la que atribuyó además una "intencionalidad política". Pidió al PSOE que haga un esfuerzo y no admita que "actuaciones judiciales de intencionalidad política sean una realidad en el Estado español". El secretario de Organización de su partido, Rafael Larreina, fue más allá y aprovechó un acto en homenaje a los internos entre 1939 y finales de 1945 en un campo de refugiados y de concentración francés para reclamar la desaparición "cuanto antes" de la Audiencia Nacional, a la que definió como "tribunal de excepción".

El menor de los socios del tripartito, EB, aseguró por medio del portavoz de su presidencia, Mikel Arana, que la decisión del juez obedece a "intuiciones o interpretaciones personales que no responden a criterios jurídicos".

Desde las filas socialistas, su portavoz en el Parlamento vasco, José Antonio Pastor, aseguró en Radio Euskadi que "es evidente" que las actuaciones de Grande-Marlaska "crean situaciones de incertidumbre sobre la evolución positiva del proceso" de paz. Puntualizó que hay que ser "muy prudentes" con este tipo de valoraciones.