El juez decreta prisión con fianza para Eufemiano Fuentes y José Luis Merino

El juez de guardia de Madrid Pedro Antonio Domínguez decretó ayer el ingreso en prisión preventiva, eludible mediante el pago de una fianza de 120.000 euros cada uno, del médico deportivo canario Eufemiano Fuentes y del hematólogo José Luis Merino Batres. Ambos habían sido detenidos por la Guardia Civil el martes acusados de un delito contra la salud pública como medio para practicar dopaje deportivo. Lo avanzado de la hora a la que el juez firmó el auto de prisión -minutos antes de la medianoche-, impidió a Eufemiano Fuentes reunir el dinero de la fianza, no así a Merino Batres, que la hizo efectiva en la madrugada. El abogado de Fuentes espera para hacerlo la apertura de los bancos hoy.

El fiscal apoyó la operación de la Guardia Civil y decidió seguir adelante con el caso

"Ahí están los de la 'farlopa", dijo el chaval enfrente de los juzgados de la plaza de Castilla

Al cierre de esta edición, Fuentes permanecía en los calabozos a la espera del furgón de la Guardia Civil que debía conducirle a la prisión de Soto del Real, en cuyo módulo de ingresos debía pasar la noche. Su abogado indicó que hoy por la mañana, en cuanto abrieran los bancos, dispondría del dinero de la fianza que le permitirá abandonar el centro penitenciario.

Para José Ignacio Labarta y Alberto León, los otros detenidos, ordenó la libertad con cargos, la prohibición de salir de España y la obligación de presentarse cada 15 días en el juzgado.

El titular del juzgado 29 atendió, así, la petición del fiscal después de que los cuatro declararan ayer durante horas en los calabozos de los juzgados. Ninguno de ellos admitió que los hechos que se les imputaban constituyeran delito contra la salud pública y, según sus abogados, aportaron explicaciones coherentes ante los hechos presentados por la Guardia Civil. El quinto de los arrestados en la Operación Puerto, el director del equipo Liberty Manolo Saiz, goza de libertad con cargos, a la espera de que el juez lo llame a declarar, después de que la Guardia Civil lo dejara en libertad el miércoles.

"Ahí están los de la farlopa", dice el chavalillo de uniforme de colegio mientras chupa un flag helado enfrente de los Juzgados de la Plaza de Castilla. "Sí, ésos del doping". Como haciéndole eco, dos mujeres de la raza del bronce, negro riguroso en amplias faldas, vocean en la escalinata del edificio: "Sí, me han dicho que los ciclistas ésos salen por la puerta de atrás". La misma puerta por la que entraron, a las 8.45 de la mañana.

A las 11, ante la puerta del juzgado número 29, de guardia ayer, aunque la instrucción del caso pasará posteriormente al número 31, de permiso ayer, Agustín Tornos, abogado de Merino Batres, comenta ante los periodistas la impresión de que la amplitud mediática que ha tomado el caso iba a jugar en contra de los intereses de su defendido.

Experto en juicios por delito de salud pública, un cajón de sastre con múltiples apartados, Tornos no veía por dónde podría agarrarse cualquier acepción de delito, salud y pública a los hechos imputados al hematólogo madrileño, es decir, la concienzuda y articulada puesta en marcha de un dispositivo para extraer la sangre de deportistas y conservarla refrigerada durante semanas en espera de que se la reinyectaran. "Esto, como mucho, es una infracción administrativa", alegaba el abogado. "No tiene sentido tramitarlo por la vía penal".

Estos argumentos los compartía Julián Pérez Templado, abogado de Eufemiano Fuentes, José Ignacio Labarta, segundo director del equipo Comunidad Valenciana, y Alberto León, ex ciclista de mountain bike, acusado de ser el correo de la trama y a quien había asistido durante los interrogatorios de la Guardia Civil un abogado de oficio. "No hay delito contra la salud ni pública ni privada", dijo Pérez Templado. "No han puesto en peligro la vida de nadie".

No era de la misma opinión el fiscal, que desde primera hora había apoyado la operación de la Guardia Civil y había decidido seguir adelante con el caso. El último argumento que le convenció fue la opinión de varios expertos que le ilustraron de los peligros que comporta para la salud de los deportistas competir con, por ejemplo, un elevado hematocrito, uno de los efectos de la autotransfusión. El fiscal, según fuentes judiciales, también argumentó que lo que constituía el delito contra la salud era las malas condiciones de conservación de la sangre. Por eso la petición de fianza, que suponía de facto el ingreso en prisión de Fuentes y Merino, considerados los cerebros y los dirigentes de la trama, que, según los investigadores, habría proporcionado dopaje y sangre a más de 200 deportistas de toda Europa.

Los problemas a la hora de tipificar como delito contra la salud los hechos de los que se acusa a Fuentes, Merino, Saiz, Labarta y León son, según el Gobierno y el Consejo Superior de Deportes, una muestra más de la necesidad de que España cuente, como cuentan ya Francia e Italia, con una ley antidopaje que penalice el uso de sustancias prohibidas y peligrosas contra la salud por deportistas en las competiciones. Esta ley, que persigue principalmente a los inductores al dopaje, no a los deportistas, está en tramitación parlamentaria y se espera que entre en vigor antes de la próxima primavera.