Al sur del Sáhara

Cuando hablamos de África en relación con el actual terrorismo global, suele ser para hacerlo sobre los países del Magreb. Sin embargo, los riesgos y amenazas que suponen tanto Al Qaeda como sobre todo algunas de sus entidades afiliadas son también perceptibles al sur del Sáhara. En los países del Sahel, por ejemplo, resulta ya manifiesta la tendencia del Grupo Salafista para la Predicación y el Combate, de origen argelino pero cuya composición es crecientemente multinacional, hacia una amplia difusión transfronteriza de sus actividades, debido a la reorientación panislámica de unos objetivos inicialmente nacionales y a las dificultades que encuentra dicha organización terrorista para extenderse en el propio ámbito norteafricano. Mauritania se encuentra especialmente afectada por esa dinámica, como se deduce de los atentados allí perpetrados el pasado año. Es asimismo significativo que, no hace mucho tiempo, fuese Osama Bin Laden en persona quien señalara de manera expresa a Nigeria entre los países más vulnerables al violento embate de sus seguidores, adeptos como es sabido a un salafismo yihadista.

Esta visión rigorista, excluyente y belicosa del credo islámico es extraña a la tradicionalmente vigente entre las poblaciones musulmanas que se localizan desde las costas atlánticas del noroeste africano hasta orillas del mar Rojo o la ribera del Índico en el este del mismo continente. Ahora bien, no es menos evidente que aquella ideología radical ha sido introducida, a menudo mediante escuelas coránicas sostenidas con dinero de procedencia saudí o paquistaní, en el seno de esas mismas poblaciones, donde ocurren procesos de radicalización violenta y reclutamiento terrorista. Que las redes yihadistas auspiciadas por Al Qaeda establezcan bases logísticas, tramas financieras o campos de entrenamiento en África Occidental y Central, en concreto, añade importantes riesgos tanto para la convivencia y la estabilidad de los países de esa región como de los contiguos, unos y otros con inflamables fracturas étnicas y religiosas, cuando no serias tensiones interestatales. A su vez, ello incide sobre la amenaza que el terrorismo global supone para otros países africanos, mediorientales y europeos, al igual que para la comunidad internacional en su conjunto.

Dadas las precarias condiciones económicas y los bajos estándares de bienestar social genéricamente comunes al conjunto de países de África Occidental y Central, poco o nada puede extrañar que ni el terrorismo sea entendido por sus gentes como un problema de urgente tratamiento, ni combatir dicho fenómeno se encuentre entre las prioridades de sus correspondientes mandatarios gubernamentales.

A quienes habitan en esa región tan desfavorecida del mundo les suelen acuciar el hambre y las pandemias, mientras que el contexto político en que se desenvuelven sus vidas adolece típicamente de estructuras estatales más que débiles y de casi todas las patologías propias del mal gobierno. Quizá el terrorismo llegue a convertirse en una preocupación generalizada y ocupe un lugar destacado en la agenda pública de esos países africanos en la medida en que estén mínimamente satisfechas otras de las dimensiones inherentes al concepto de seguridad humana. Cualquier enfoque necesariamente multifacético frente al terrorismo global, sea cual sea el nivel de gobierno en que se formule, ha de tener en cuenta esta realidad.

Así las cosas, tampoco sorprenderá que, de los 27 Estados ubicados en África Occidental y Central, ninguno haya ratificado los 16 instrumentos contraterroristas de que se ha dotado Naciones Unidas en 40 años, sólo cinco de aquéllos lo han hecho con 12 de éstos y 13 con apenas la mitad, en tanto que seis más no han asumido siquiera cuatro de tales convenios o protocolos universales. Veinticuatro de los países implicados no cumplen debidamente con sus obligaciones ante el Comité contra el Terrorismo del Consejo de Seguridad. Únicamente tres de ellos disponen de legislación antiterrorista o de disposiciones al respecto en sus respectivos códigos penales. En suma, las carencias en materia de instituciones y agencias imprescindibles para prevenir, contener y erradicar el terrorismo son extraordinarias, debido a deficiencias en los sistemas políticos y a la inexistencia de recursos humanos o materiales. En la región hay extensos territorios, normalmente desérticos, sustraídos de cualquier autoridad estatal efectiva, propicios por consiguiente al desenvolvimiento de redes terroristas.

Ante esta situación se han implementado programas unilaterales y multilaterales para incidir sobre aquella región. El Gobierno estadounidense puso en marcha recientemente una iniciativa contraterrorista transahariana, con el fin de facilitar asistencia a países del Sahel. Naciones Unidas trabaja desde 2003 en un proyecto mundial para reforzar los instrumentos legales antiterroristas, aplicable a las mitades septentrional y oeste del continente africano al sur del Magreb. La Unión Africana avanza herramientas de cooperación antiterrorista entre sus Estados miembro. La Unión Europea contempla, dentro de su plan de lucha contra el terrorismo, medidas destinadas a apoyar estas movilizaciones de la comunidad internacional.

Adquiere así indudable relevancia la celebración en Madrid, los días 25 y 26 de mayo, a instancias del Gobierno español y en colaboración con el Real Instituto Elcano, de una Mesa Redonda Ministerial para países de África Occidental y Central sobre el marco jurídico en la lucha contra el terrorismo. A todos interesa que dicha reunión depare los mejores resultados para afrontar colectivamente, con capacidades básicas y pleno respeto a los derechos humanos, cuantos retos nacionales, regionales y mundiales plantea hoy el fenómeno terrorista.

Fernando Reinares es catedrático de Ciencia Política en la Universidad Rey Juan Carlos e investigador principal de terrorismo internacional en el Real Instituto Elcano.