Ecologistas denuncia que el PGOU de El Puerto incumple la normativa de la Junta
El nuevo plan urbano levanta la protección de construcción en la zona de Los Perales
Ecologistas en Acción denunció ayer que el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María (Cádiz) ha falsificado en el nuevo Plan de Ordenación Urbana (PGOU), actualmente en trámite de aprobación provisional, las protecciones de suelo establecidas por la Consejería de Obras Públicas de la Junta de Andalucía en el Plan de Ordenación del Territorio (POT) de la Bahía de Cádiz. Según los ecologistas el PGOU portuense levanta la prohibición de construir en la zona denominada Los Perales, en la que han proliferado en los últimos años construcciones ilegales.
El portavoz ecologista Juan Clavero explicó que el nuevo plan urbanístico "ha modificado" los lindes establecidos por el POT, una figura de la Junta creada por decreto en 2004 para dotar de medidas de protección a suelos de valor patrimonial, ya sea por su ubicación o por sus condiciones medioambientales. Se trata de terrenos con consideración de parque público, sobre los que los Ayuntamientos de la zona no tienen capacidad de actuación, de forma que los Planes Urbanísticos locales se deben adaptar a sus condicionantes.
Según Clavero, en la cartografía del nuevo PGOU de El Puerto "desaparecen los limites" establecidos por el POT en una parcela de la zona norte del término municipal, Los Perales, que había experimentado un crecimiento urbanístico irregular. El ecologista denunció que "la mitad de la urbanización se encuentra en parque público" y aseguró que, al levantar unilateralmente la protección, el Ayuntamiento pretende "favorecer a determinadas promociones inmobiliarias a las que el gobierno local prometió que serían legalizadas". El portavoz afirmó que el presidente de la urbanización a la que, supuestamente, el Ayuntamiento le pretende levantar la protección medioambiental "es amigo íntimo del concejal de urbanismo".
Los ecologistas advirtieron que se trata de "un hecho gravísimo" que puede ser constitutivo de "un delito de falsedad en documento público", ya el POT es un mecanismo de reserva urbanística "de obligado cumplimiento" y expresaron su "sorpresa" porque, según Clavero, "el Ayuntamiento pretende eludir sus obligaciones en beneficio de amigos y de promotores".
Los ecologistas denunciaron ayer los hechos ante la delegación de Obras Públicas en el convencimiento de que "la Junta no va a permitir esta situación" y aseguraron que, en caso de que el nuevo PGOU sea aprobado provisionalmente en pleno en estas condiciones, denunciarán por la vía judicial los ediles que lo voten "por un supuesto delito de prevaricación".
Por su parte, el concejal de urbanismo de El Puerto, Juan Carlos Rodríguez de Independientes Portuenses (IP), negó ayer la denuncia ecologista. El edil aseguró que, una vez consultado el equipo redactor, "me informan que el planeamiento es estrictamente respetuoso con el POT". A pesar de ello, Rodríguez anunció que "valorará estas acusaciones" y comprobará la documentación "por si se ha producido algún error".
El concejal negó que el gobierno local tenga intención de pedir a la Junta la modificación del POT en los suelos denunciados y recordó que la única solicitud elevada ante la Consejería de Obras Públicas ha sido para cambiar los límites de Plan de Ordenación del Territorio en la Sierra de San Cristóbal a propuesta de los vecinos de Pinar de Coig, otra promoción urbanística ilegal. Se trata de una reclamación sobre la que la administración andaluza "no se ha pronunciado aún", según recordó el Ayuntamiento en un comunicado. Rodríguez puntualizó que, por lo tanto, "no se ha realizado ningún tipo de modificación, ni consensuada ni sin consensuar".
El nuevo PGOU de El Puerto prevé la legalización de unas 3.000 viviendas construidas ilegalmente. Se trata de edificaciones que pueden legalizarse por no haber sido construidas en suelos protegidos. El gobierno local de alianza entre IP y PSOE tiene intención de llevar a pleno el nuevo PGOU, para su aprobación provisional, a finales de mayo. Posteriormente, la Junta emitirá un dictamen definitivo.
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