Entre dos riesgos

Zapatero ha elegido el riesgo de hablar al de callar. En su discurso del domingo en Barakaldo adelantó que en junio comunicará su intención de iniciar negociaciones con ETA. Ello significa, en los términos de su compromiso de hace un año en el Congreso, que considera suficientemente acreditada la voluntad de ETA de abandonar las armas. También dijo que habrá en su momento un diálogo político destinado a "renovar" el acuerdo de convivencia, es decir, a reformar el Estatuto, aunque con el condicionante del respeto a la ley y los principios constitucionales. El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, afirmó ayer que el alto el fuego de ETA es "completo y real". Pero al darlo por verificado en un clima condicionado por las muy provocadoras declaraciones de ETA, Zapatero asume un riesgo real, pero seguramente menor que el de haber dejado sin respuesta esas provocaciones: ETA tiende a dar por terreno conquistado todo desafío no contestado.

El presidente parece tener prisa por garantizar el inicio de los contactos, antes de que circunstancias sobrevenidas (como los procesamientos de Otegi) puedan dar pretexto para atrasarlos indefinidamente. Quizá también busca hacer algo antes de que la relación con el PP se deteriore aún más. Y es una respuesta a la ansiedad de los partidos nacionalistas, a quienes marca los límites de la negociación posible: digan lo que digan Otegi o Egibar, deberá respetar la legalidad y propiciar un marco de convivencia. Es una forma de decir que no habrá cuestionamiento unilateral del autonomismo como terreno de convivencia entre nacionalistas y no nacionalistas.

En la estela de lo dicho por ETA, portavoces de Batasuna hicieron saber ayer que lo prioritario es para ellos la mesa de partidos, no la del Gobierno con ETA. Sin embargo, como viene repitiendo el presidente del PNV, Josu Jon Imaz, es una cuestión de "higiene democrática" separar la mesa de pacificación del foro de partidos. La idea misma de mesa política en lugar de debate en el Parlamento es una forma de esquivar dos realidades: la ilegalización de Batasuna, que sólo cesará si ETA desaparece o su brazo político se desliga de ella; y las reglas de juego (y de procedimiento) que los partidos deben respetar en un debate democrático parlamentario. La idea de saltar por encima de las instituciones convirtiendo el fin de ETA en oportunidad para un nuevo proceso constituyente es una ilusión antidemocrática que conviene despejar.

Zapatero dijo también que pactaría con Rajoy la fecha de su comunicación al Congreso; está bien, pero mejor habría sido comunicarle lo que pensaba decir en Barakaldo, y en un acto de partido además, como ayer le reprochó Acebes. Es probable que sectores del PP estén poco dispuesto a facilitarle las cosas a Zapatero, pero tampoco parece conveniente darles argumentos con desplantes y sarcasmos como los que ayer reiteró el número dos socialista, José Blanco.