El subdelegado del Gobierno en Tarragona prevé detenciones en breve por los asaltos a chalets

La lucha policial contra la proliferación de robos con violencia en domicilios particulares podría dar sus frutos en breve. Así lo cree el subdelegado del Gobierno en Tarragona, Joan Maria Abelló, quien aseguró ayer que la dedicación de los agentes a esta plaga es "total". Tras los últimos episodios de este tipo de delincuencia vinculada a bandas organizadas, el último de ellos el sábado pasado en Les Borges del Camp (Baix Camp), donde una familia fue torturada una hora y cuarto por sus captores, Abelló defiende la "coordinación" de los cuerpos de seguridad como mejor remedio.

Los cinco asaltantes encapuchados que el sábado de madrugada retuvieron, golpearon, hirieron y amenazaron de muerte a un matrimonio en el dormitorio de su chalet en Les Borges del Camp no son desconocidos para la Guardia Civil. En declaraciones a EL PAÍS, el subdelegado del Gobierno en Tarragona aseguró ayer disponer ya de "información" operativa para tratar de cerrar el cerco policial en torno a unos delincuentes que podrían estar detrás de numerosos robos cometidos en toda Cataluña.

"Una de sus principales características es la movilidad. Un día actúan aquí y al siguiente pueden estar a 200 o 300 kilómetros", señala Abelló. Los cuerpos de seguridad que operan en Cataluña se reunirán en los próximos días para compartir esta información y coordinar esfuerzos.

"Estamos hablando de algo que supera los ámbitos de Girona, Lleida, Barcelona y Tarragona", advierte el subdelegado. Algo de lo que están seguros los responsables policiales es que las bandas procedentes de la Europa del Este y a las que se atribuye una organización paramilitar debido a su paso por ejércitos o policías de esa zona no son los únicos responsables de la proliferación de estos asaltos. El uso de la violencia tampoco es patrimonio exclusivo de estas organizaciones.

Falta de policía

En el caso de Les Borges del Camp, las cinco personas de complexión atlética vestidas con ropa negra y pasamontañas que maltrataron al matrimonio formado por Joan Borràs y Roser Nogués seguían un patrón prácticamente militar y de los testimonios de las víctimas, que aseguraron que hablaban poco y mal el castellano, se desprende que procedían de algún país próximo a los Balcanes.

La forma en que actuaron, con repetidas amenazas y agresiones de todo tipo, causó estupor e indignación en los vecinos de este pueblo del Baix Camp.

Su alcalde, Robert Ortiga, expresaba el sábado su temor a que algún vecino decida tomarse la justicia por su mano. "Entonces no solucionaríamos ningún problema, sino que crearíamos otro", considera el subdelegado del Gobierno, que, al igual que a los responsables de los cuerpos policiales, le preocupa que cale el sentimiento de desprotección y de las quejas se pase a la acción.

Abelló subrayó que "entiende" la indignación vecinal, pero también quiso lanzar un mensaje de tranquilidad y confianza en la actuación policial. "Estoy convencido de que habrá resultados", afirmó.

Otra de las críticas más extendidas entre los responsables políticos del Baix Camp y el Priorat, comarcas que han sufrido múltiples robos en los últimos meses, es la falta de efectivos de la Guardia Civil y del Cuerpo Nacional de Policía. De hecho la queja es doble, puesto que a esta carencia se suman las consecuencias del lento despliegue de los Mossos d'Esquadra en ese territorio, previsto para finales de 2008. Por todo ello, los alcaldes ya han solicitado una entrevista con el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba. "No hay ahora más ni menos agentes que hace dos años. Las cuotas las cerraron los anteriores gobiernos", argumentó Abelló, quien además sostiene que identificar el remedio a la inseguridad ciudadana con el despliegue de la policía autonómica no corresponde con la realidad y supone "añadir excesiva presión" a este cuerpo.

En cualquier caso, en el proceso de despliegue de los Mossos y el repliegue de los efectivos de los otros dos cuerpos, ya vivido en otras áreas y ciudades de Cataluña, se produce un interregno en el que la seguridad ciudadana se resiente. Ocurrió en localidades del área metropolitana de Barcelona y en la propia capital, donde el despliegue de la policía autonómica se adelantó porque la ciudad sufrió un repunte de delincuencia que, al menos en parte, se achacó a la falta de efectivos.